Introducción

La Human Rights Watch (HRW), una organización de los derechos humanos con sede en Nueva York, divulgó el 13 de enero de 2022 los resultados de un análisis sobre el año de 2021 en más de 100 países. En dicho informe, recomendó que “las instituciones democráticas brasileñas deben proteger los derechos al voto y a la libertad de expresión de cualquier intento de subversión del sistema electoral o de debilidad del Estado democrático de derecho y de las libertades fundamentales por el presidente Jair Bolsonaro” (HRW, 2022), considerando la proximidad del proceso electoral y el retroceso ocurrido con relación a la garantía de los derechos humanos, incluyendo las libertades de expresión en el país.

La anterior alarma inspiró una reflexión sobre la democracia en Brasil, con el propósito de dar visibilidad a la cuestión, fomentar el interés por el tema y contribuir para la continuidad del debate. En ese sentido, se contempló la defensa intransigente de los principios democráticos, responsables por un proyecto societario fundamentado en suposiciones de igualdad social, justicia, solidaridad y libertad de expresión, con miras a fomentar iniciativas que puedan ayudar a superar la crisis actual y a avanzar en la construcción del nuevo proyecto.

Es importante tener presente que el concepto de democracia no es homogéneo, sino que existen varias definiciones que exploran los distintos aspectos que la constituyen. Por esto, en la primera sección de este trabajo se presenta un breve rescate conceptual desde las contribuciones de algunos autores, empezando por una revisión del Diccionario de política de Bobbio et al. (1998), pasando por las concepciones opuestas de Crawford Macpherson (democracia participativa) y Joseph Schumpeter (democracia elitista), y añadiendo la discusión de Hellen Wood, además de traer algunos puntos de análisis planteados por autores brasileños: Carlos Nelson Coutinho, Maurício Abdalla, Leonardo Avritzer y el autor portugués Boaventura de Sousa Santos.

La segunda sección tendrá por directriz principal la posición del científico político Adam Przeworski, que considera que, inclusive en una coyuntura demarcada por incertidumbres y acasos, la existencia de características que definen un sistema democrático permite que, en su ausencia, pueda afirmarse la vigencia de una crisis democrática. Esa sección se enfocará en la realidad brasileña, considerando que los últimos acontecimientos, desde el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, han demostrado la prevalencia de determinados intereses políticos que justifican varias alianzas políticas y económicas en detrimento de las instituciones democráticas. La articulación internacional para lograr el impeachment, vinculada a la inelegibilidad de Lula, jurídicamente diseñada, culminó en la elección de Jair Bolsonaro, quien se valió del apoyo de la burguesía nacional e internacional, de los sectores conservadores de la sociedad (Marques, 2019) y de los que no creen en la eficiencia de la democracia popular que intentaba ser homogénea en el país, y puso en práctica una política que sirve al filón más conservador del capitalismo internacional.

Esa ascensión política conservadora de modelo ultraliberal (Montenegro-Moreno, 2020) está produciendo un retroceso de derechos sociales (Nascimento-Pereira & Freitas, 2021) y un ataque a los derechos humanos y a las libertades democráticas (Tiriba et al., 2022), alcanzando a la clase laboral, que se ve cada vez más amenazada no solo con la disminución de los derechos sociales, sino también en sus ideales de libertad e igualdad (Montenegro-Moreno, 2020). Además, la llegada de la pandemia que generó el COVID-19 incitó la crisis debido a la posición de negación a la ciencia (Morel-Massadar, 2021), de defensa del interés del poder económico en primer lugar (Silva, 2020) y de los desmanes en el manejo de la pandemia, con retardo del ingreso del país en el control de esta (Vieira, 2021).

En la tercera sección se plantean algunas reflexiones sobre la coyuntura nacional, contribuyendo a este debate con el fin de sumar esfuerzos que puedan favorecer el afrontamiento de la crisis por medio de una dirección teórico-metodológica que posibilite un avance hacia una democracia popular. Para esto, se empezará retomando las concepciones teóricas para luego analizar la crisis actual desde algunos datos empíricos.

La metodología utilizada es la de un ensayo teórico según Meneghehtti-Kanashiro (2011). En esa medida, se realizan reflexiones sobre hechos relevantes de la actualidad, articulando conocimientos empíricos y teóricos producidos de forma interpretativa. De este modo no se busca probar o convencer sobre verdades, sino impulsar a la razón a avanzar en la explicación científica. Por lo tanto, su naturaleza es reflexiva e interpretativa.

Pese a los límites de este abordaje, y considerando la amplitud y complejidad del tema, este texto reflexiona sobre la urgencia de una resistencia política organizada, capaz de conquistar la adhesión mayoritaria de la población, para superar la crisis democrática que hay en Brasil. Asimismo, se busca obtener aprendizajes de cara a un nuevo proyecto societario, basado en presupuestos de la democracia vividos efectivamente en el día a día de las personas.

Democracia: una palabra con múltiples significados

Al reflexionar sobre la democracia y su crisis en la actual coyuntura, en primer lugar es importante recordar algunas concepciones sobre el tema. Sin embargo, considerando que el objetivo de este trabajo es traer algunas referencias teóricas de posturas contemporáneas, cabe precisar que no se pretende contemplar toda la diversidad, la amplia tradición y el análisis histórico que existen en torno a la materia.

Por una parte, el Diccionario de política de Bobbio et al. (1998) resalta la convergencia de tres tradiciones históricas en la teoría de la democracia: la teoría clásica aristotélica, que la ubica como una de las tres formas de gobierno (monarquía, aristocracia y democracia) y la identifica como el gobierno del pueblo, donde todos disfrutan de los derechos de la ciudadanía; la teoría medieval, basada en la soberanía popular, que puede ejercerse a través de la representatividad o de la delegación; y la teoría moderna, conocida como la de Maquiavel, que surge con el Estado moderno, según la cual existen dos formas de gobierno: la monarquía y la república, y la democracia corresponde a esta última, donde el gobierno es popular^[1].

En el transcurrir del siglo XIX, la concepción de la democracia fue construida y analizada desde las doctrinas políticas dominantes y opuestas: el liberalismo y el socialismo. Uno de los autores principales que abordan este tema en la filosofía política contemporánea es el canadiense Crawford Brough Macpherson (1911-1987), quien, tras hacer un análisis crítico sobre las modalidades de las democracias existentes en los últimos 150 años, concluyó que la democracia participativa, surgida con los movimientos estudiantiles de los años 60, es la más adecuada para aplicarse en sociedades capitalistas. En sus palabras, “sería un sistema piramidal con democracia directa en la base y democracia por delegación en cada nivel después de la base” (Macpherson, 1978, p. 110).

Sin embargo, el autor señala límites y posibilidades de la democracia en el capitalismo, indicando que esa concepción es solamente un modelo por alcanzarse, algo abstracto. Según Macpherson, antes del siglo XX, los modelos que fueron identificados teóricamente como democracia no corresponden a la tradición liberal democrática pues no aceptaban la libertad de mercado que configura una sociedad de clases o capitalista, una vez que para aquellos teóricos la sociedad no debería tener división de clases (Oliveira-Afonso, 2004).

Por otra parte, la politóloga e historiadora estadounidense Hellen Wood (1942-2016) analiza la concepción de la democracia considerando una perspectiva opuesta a la de Macpherson. Apoyada en el marxismo, Wood afirma que el capitalismo y la democracia son incompatibles. En su debate sobre la democracia benigna, es decir, aquella que sirve como protección de las libertades civiles, del constitucionalismo y de los derechos democráticos, el punto central es la limitación del poder del Estado para resguardar al individuo y a la sociedad civil frente a las acciones indebidas del primero. Wood resalta que la concepción liberal logró avanzar porque hace una separación entre el poder político y el poder económico, ignorando la distribución de poder entre las clases, abstrayendo el poder político de las relaciones sociales y recurriendo a una ciudadanía pasiva y, de hecho, despolitizada:

De una manera o de otra, entonces, las concepciones dominantes de la democracia tienden a: sustituir la acción política con ciudadanía pasiva; dar énfasis a los derechos pasivos en lugar de los poderes activos; evitar cualquier confrontación con concentraciones de poder social, particularmente si es con las clases dominantes y, finalmente, despolitizar la política [traducción propia] (Wood-Meiksins, 2007, p. 419).

Wood rescata la idea original griega de Aristóteles, según la cual la democracia se constituye de la siguiente forma: “los nacidos libres y pobres controlan el gobierno ―siendo al mismo tempo una mayoría―” (Aristóteles, 2003, citado en Wood-Meiksins, 2007, p. 420). Ese modelo de democracia, para sus opositores, era una forma de dominación del pueblo común sobre los aristócratas, la sumisión de la élite a la masa. De tal forma se generaba odio hacia los enemigos de la democracia pues otorgaba poder político a los trabajadores y a los pobres, dichos como incapaces. Los atenienses democráticos, a su vez, consideraban como principios fundamentales de la democracia la capacidad y el derecho de que esos sujetos realizaran juzgamientos políticos y que hablaran sobre ellos en las asambleas públicas, la llamada isegoría ―igual libertad de expresión a todos los miembros de una asamblea―, como medio para asegurar la participación política activa. Así, la idea griega de igualdad de expresión “sintetiza los principales rasgos de la democracia ateniense: el énfasis en una ciudadanía activa; y su enfoque sobre la distribución del poder de clase” (Wood-Meiksins, 2007, p. 421).

Las objeciones hechas por los antiguos antidemocráticos fueron reiteradas algunas veces en los últimos siglos. Para las clases dominantes, la democracia siguió siendo una mala palabra, pero pasó a ser aceptada debido a las luchas populares que ocasionalmente hicieron imposible seguir negando los derechos políticos primitivos a las masas, particularmente a la clase laboral. A partir de esto, las clases dominantes necesitaron adaptarse a las nuevas condiciones de forma política e ideológica, aunque siempre impidiendo la universalización de los derechos. Al final del siglo XIX, con el inicio de las campañas electorales de masa, los antidemocráticos estaban imposibilitados de expresar sus sentimientos contrarios a la popularidad, pues podrían ahuyentar los votantes, así que, de pronto, todos pasaron a ser democráticos. Esa es la manera por la cual Wood explica que el capitalismo hizo posible que los derechos políticos fueran convertidos en universales sin afectar fundamentalmente la clase dominante.

La autora prosigue afirmando que

[el] capital, por ejemplo, controla el lugar de trabajo, y tiene un manejo sin precedentes del proceso de trabajo. Y, por supuesto, están las fuerzas del mercado, mediante las cuales el capital sitúa el trabajo y los recursos. Ninguno de estos elementos está sujeto al control democrático o a la rendición de cuentas. La esfera política concebida como el espacio donde las personas se comportan en su carácter de ciudadano ―antes que como trabajadores o capitalistas― está apartada del ámbito económico [traducción propia] (Wood-Meiksins, 2007, p. 424).

De esta forma, los individuos ejercen sus derechos de ciudadanos sin alteración significativa del poder del capital en el ámbito económico. Por consiguiente, la democracia en las sociedades capitalistas adquiere una nueva modalidad, distinta de lo que fue originalmente, para que sea compatible con las relaciones sociales vigentes y preservar la propiedad, quedando confinada al ámbito estrictamente político y judicial llamado por algunos de democracia formal, que no destruye las bases del poder de clase.

El poder social se trasladó a las manos del capital, no solo por su influencia directa en la política, sino también por su incidencia en la fábrica, en la distribución del trabajo y de los recursos y, asimismo, por medio de los dictámenes del mercado. Esto significa que la mayoría de las actividades de la vida humana queda afuera del ámbito del poder democrático y de la prestación de cuentas. Todas estas transformaciones, por supuesto, no se dieron de la noche a la mañana, y el proceso no tuvo una evolución natural e inevitable [traducción propia] (Wood-Meiksins, 2007, p. 425).

Wood cita el caso de los Estados Unidos para explicar lo que ocurrió con el concepto moderno de democracia, recordando que, cuando la constitución de aquel país fue redactada, las clases propietarias conocían los peligros que la extensión de los derechos políticos representaba, pero no podían utilizar más las estrategias de las antiguas clases dirigentes. Había un cuerpo ciudadano activo, advenido del periodo colonial y de la revolución, que reivindicaba derechos políticos en la nueva constitución. De esta forma, las clases propietarias tuvieron que adoptar una estrategia distinta, ideológica y constitucional, que tornara viable limitar la extensión de los derechos políticos.

La estrategia adoptada incidió ampliamente en la definición de la democracia moderna. Los fundadores de los Estados Unidos replantearon la democracia, alterando sus principales componentes: el demos ―pueblo― y el kratos ―poder―. El demos pierde su carácter de clase y se convierte en una categoría política en el lugar de una social, y el kratos se torna compatible con la alienación del poder popular, distinto de lo que significaba para los antiguos atenienses. De esta forma, los Estados Unidos inventaron una nueva concepción de democracia, formada por muchos individuos particulares y aislados que abdicaron de su poder para concederlo a otro, y que empezaron a disfrutar de forma pasiva de algunos derechos cívicos y libertades básicas. Así, ellos crearon una ciudadanía pasiva, disociada y despolitizada.

Sin embargo, añade la autora, los cambios en el concepto de democracia fueron posibilitados por las características del capitalismo, por la relación particular entre el capital y el trabajo y por la específica relación capitalista entre los ámbitos económico y político. Para Wood, los movimientos anticapitalistas instalaron la democracia en el centro de sus debates de una manera que no siempre ha sido verdaderamente de izquierda. Esta identificación del anticapitalismo con la democracia sugiere la idea de que esos movimientos perciben una contradicción fundamental entre capitalismo y democracia, pero esto no tiene el mismo significado para todos. Hay quienes creen que la democracia es compatible con un capitalismo reformado, en que las grandes corporaciones son más conscientes y prestan satisfacción a la voluntad popular, y también están aquellos que creen en el imperativo de luchar por una reforma democrática que sea viable en la sociedad capitalista.

Entre los renombrados teóricos brasileños, Coutinho afirma que:

[si] el liberalismo de participación restricta fue, por un momento, la forma adecuada para la afirmación de la dominación burguesa, la democracia de masas que se va construyendo a partir de las luchas populares es, a largo plazo, incompatible con el capitalismo [traducción propia] (Coutinho, 1979, s. p.).

Por su parte, Santos-Sousa y Avritzer (2002) consideran que el sentido de la democracia se vació con la hegemonía histórica del modelo procedimental. Esto demanda una institucionalización de un modelo contrahegemónico de la democracia, en que surjan nuevas formas gramáticas de organización de la sociedad y de relación entre el Estado y la sociedad. Igualmente, deberían darse nuevos modos de relación de la sociedad civil con el Estado, que posibiliten al Estado democrático atender a las demandas de las políticas públicas de la sociedad civil.

Las distintas concepciones de la democracia generan problemas, de forma que Abdalla (2017) alerta que muchos actualmente creen que la democracia se refiere a la libertad que cada uno tiene para hacer lo que quiera, sin obligaciones o reglas que recaigan sobre los demás ciudadanos. Sin embargo, el mismo autor sentencia:

Un cuerpo social que elige por la democracia hace recaer sobre sí mismo obligaciones y responsabilidades de las cuales el propio sistema depende. La autonomía genera, al mismo tiempo, la necesidad de sumisión de los ciudadanos a las reglas que ellos mismos crean, de otra forma jamás sería posible la ordenación de la sociedad en la perspectiva de una gobernanza general democrática. Por lo tanto, la democracia no se define por la libertad de cada grupo o individuo para hacer lo que quiere o aceptar o no las reglas establecidas de acuerdo con sus opiniones particulares, sino por la relación de la sociedad con el proceso constituyente de esas reglas y de la toma de decisiones [traducción propia] (Abdalla, 2017, p. 11).

El autor considera a su vez que la idea de autonomía debe estar presente con su fuerza y esencialidad en la toma de decisiones, a fin de que un sistema sea considerado democrático. Para él, la sociedad democrática debe tener libertad para elaborar sus propias reglas, que van a regir las relaciones sociales una vez aprobadas; así, tras la aprobación por el colectivo, cesa la libertad individual para aceptarlas o no.

Tras este repaso en torno a algunas ideas sobre la democracia, donde queda evidente la polisemia del concepto, es importante considerar que este sigue siendo construido históricamente y adquiriendo manifestaciones concretas y significados diferenciados, según cada contexto social en que se desarrolla y la perspectiva teórica de quien lo analiza.

Democracia en crisis en Brasil: reflexiones iniciales en busca de una salida

Considerando el abordaje anterior sobre democracia, y para pensar sobre sus crisis, se adhiere a una de las formas apuntada por Przeworski, profesor de ciencia política de la Universidad de Nueva York, cuyo argumento principal es que cuando algunas características definidoras del sistema democrático están ausentes se puede percibir la crisis.

Przeworski (2020), apoyado en la reflexión de Tom Ginsburg y Aziz Huq, cita “los atributos de la democracia”, constituidos en una tríada compuesta por elecciones competitivas, derechos de expresión y asociación asegurados por la ley y el Estado de derecho. Aceptando esa tríada como definidora, se cuenta con una lista completa de lo que se debe buscar para identificar las crisis de la democracia: elecciones que no sean competitivas, violaciones de derechos y rupturas del Estado de derecho.

Para el autor, el espectro de las crisis de la democracia está repleto de incertidumbres y acasos, y no hay duda de que las instituciones representativas tradicionales pasan por una crisis en diversos lugares. En algunas regiones, los líderes contrarios al Estado, los intolerantes, los xenófobos, nacionalistas y autoritarios, se encuentran en el poder; en otras, en especial en Europa occidental, los partidos radicales están en ascensión, al paso que muchos en el centro político pierden la confianza en los representantes, en los partidos y en las instituciones.

En lo que respecta a Brasil, Przeworski (2020) considera que el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 demostró que los políticos ponen sus intereses particulares por encima de la integridad de las instituciones. Además, la remoción ―jurídicamente diseñada― de Lula como candidato en la elección de 2018 impidió un amplio segmento del pueblo brasileño de ejercer sus derechos democráticos.

Przeworski (2020), sin embargo, añade que:

aunque estuviera atento a todas estas señales, yo no habría previsto la victoria de Jair Bolsonaro. No tenía la idea de quién era él cuando se presentó como candidato y, cuando le pregunté a amigos brasileños, eminentes científicos políticos, fui aconsejado a olvidarlo [traducción propia] (p. 6).

Continuando su análisis, él considera que, a partir del siglo XVII, ciudadanos en los dos extremos del espectro político ―aquellos para quienes la democracia era una promesa y aquellos para los que representaba una amenaza― pasan a creer que la democracia, en especial el sufragio universal, llevaría a la igualdad a los ámbitos económico y social. Además, complementa, esa concepción aún está consagrada en el principal motor de la economía política contemporánea: el elector promedio^[2].

La persistencia de la desigualdad comprueba que las instituciones representativas no funcionan, por lo menos no como en el imaginario de la mayoría. Así, el avance del “popularismo”, resultante del descontentamiento con las instituciones políticas reproductoras de la desigualdad y que no ofrecen alternativa, no debe generar sorpresas. La desigualdad en el capitalismo crece de manera constante, a menos que su avance sea neutralizado por recurrentes y vigorosas acciones del Gobierno.

Para Przeworski, el proyecto socialdemócrata, que fomenta las causas de la desigualdad al mismo tiempo que combate sus efectos, no resiste la confrontación con la ofensiva neoliberal de los años 80:

Cuando confrontados con la ofensiva neoliberal de los años 1980, los partidos de centro-izquierda asimilaron el lenguaje de trade-offs entre igualdad y eficiencia, redistribución y crecimiento. Mientras que la derecha se movía ideológicamente para la derecha, la izquierda hizo más que seguirla. Políticas de gobierno de distintas orientaciones partidarias se tornaron casi idénticas: responsabilidad fiscal, flexibilidad del mercado laboral, libre flujo de capital, debilidad de los sindicatos, reducción de los impuestos sobre las rentas más altas. El resultado fue que la desigualdad siguió donde ya era elevada y se disparó en muchos países donde era más baja. Subsidios direccionados a los muchos pobres atenuaron el escenario en algunos países, notoriamente Brasil, pero los mercados no sujetos a las restricciones reprodujeron la desigualdad en un torrente ininterrumpido [traducción propia] (Przeworski, 2020, pp. 13-14).

Ese es el contexto en el cual es preciso observar la actual crisis de la democracia representativa. Las elecciones no ofrecieron muchas opciones y, la mayoría de las veces, independiente de quien fuera a ocupar la función, la población ya esperaba que el mismo paradigma político que sus adversarios derrotados seguían, con pequeñas modificaciones, fuera implementado, a fin de contentar a determinados sectores y seguir en el ejercicio del poder. Es decir, poco a poco las personas constataron que votan y el Gobierno cambia, pero su vida sigue la misma, o cambia muy poco.

Las elecciones de Trump y Bolsonaro, como apunta el autor, enseñan que las personas, cuando desesperadas, se apoyan en cualquier posibilidad de salvación, aunque sea falsa. Cuando no se tiene nada que perder, los individuos se apegan a cualquier ilusión. En el caso de Brasil, la propaganda del “gobierno limpio, empleos y armas” de Bolsonaro conquistó a la mayoría.

En su análisis, Silva-Aparecida (2021) considera que, en general, la cultura política e histórica brasileña y la de los demás países colonizados en todo el mundo poseen similitudes sociales, políticas, culturales y económicas en lo que se refiere a las desigualdades, los autoritarismos, las opresiones, racismos, entre otros elementos históricos, provenientes de concepciones de mundo autoritarias, clientelistas y oriundas del proyecto de sociedad de la clase dominante. Las ideologías de ese proyecto son selectivas y segregacionistas, transmisoras concretas de la conformación y de la naturalización de las relaciones sociales de desigualdades y de opresiones sociales, las cuales impiden a gran parte de la clase laboral acceder a la ciudadanía.

En Brasil, el autoritarismo se expresa de forma histórico-cultural y política, ubicándose entre el conservadurismo de las élites locales en el poder y la ampliación de sus privilegios políticos, económicos y culturales en el Estado. Considerando esos elementos del autoritarismo, la “cuestión de la democracia incluso en sus límites puramente formales y liberales es, de este modo, la cuestión decisiva de la vida brasileña”, por su “carácter elitista y autoritario que señaló toda la evolución política, económica y cultural de Brasil, incluso en sus breves periodos “democráticos”” (Coutinho, 1979, s. p.). Entonces, los denominados periodos de crisis de la democracia son todos los que han sido atravesados por guerras, revoluciones, golpes de Estado, contrarrevolución, entre otros, y muchas veces tardan años para que sus contradicciones sean solucionadas, lo que genera un periodo considerable de inestabilidad política.

Villen (2017) contribuye con el debate resaltando que la actual crisis político-económica es percibida por la población a través de los efectos que ella provoca en su vida de clase laboral, que afronta el desempleo y la inmediata degradación de las condiciones de trabajo y de vida. Comenta, además, que los golpes del siglo XXI en América Latina dejan un explícito mensaje respecto a que los reformismos “democráticos” no pueden alterar mínimamente la estructura del sistema. Según la autora, la primera lección que se aprende con esos golpes es la de considerar de nuevo, con más claridad, la esencia del poder político del Estado en las periferias del capitalismo. Ese Estado nace para servir al capitalismo mundial, sin ningún compromiso con la población. Así, el capital debe seguir “libre y suelto” para actuar y no permitir ni siquiera reformas que intenten conciliar sus intereses con un mínimo de ampliación de derechos para las clases laborales de las periferias.

De hecho, incluso las reformas blandas como las de los gobiernos petistas en Brasil no fueron aceptadas por mucho tiempo, aunque fueran regidas por el principio de hacer lo posible para mejorar la situación de los pobres sin tocar los privilegios de los ricos. Villen (2017) analiza las reformas de los gobiernos petistas considerando que:

en la época de abundancia lograron contemplar, aunque de forma desigual, los cuidados con los pisos “de arriba” y “de abajo” de esa construcción. Así que la crisis empezó a manifestarse con más fuerza en el país durante el 2014, cuando el Gobierno Dilma decidió priorizar las reformas que favorecieran exclusivamente los pisos de arriba de esa casa, empleando el ajuste fiscal “recomendado” por los organismos internacionales que dictan el funcionamiento del sistema y sus jerarquías [traducción propia] (p. 144).

Respecto a la subordinación de esos gobiernos, la autora afirma que la vieja modalidad de los golpes fue reactivada como dispositivo de control para reiterar la necesidad de abertura, aún mayor y más plena, al mercado mundial. De esa forma, no se dio tiempo ni siquiera para esperar la vía electoral “democrática” prevista para 2018 y conservar la apariencia de la “democracia”.

Es pertinente considerar que el golpe de 2016 complementó su tarea reaccionaria en las elecciones presidenciales de 2018 con la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva y su imposibilidad de concurrir a la elección presidencial, posibilitando que Jair Bolsonaro se eligiera con el apoyo de las burguesías nacional e internacional, de los sectores de la clase media y segmentos populares conservadores. Con la elección de Bolsonaro surgieron movimientos reaccionarios y neoconservadores que empezaron a realizar manifestaciones públicas de cuño racista, sexista, misógino y homofóbico, creando las condiciones favorables para el surgimiento de movilizaciones antidemocráticas de derecha y de extrema derecha.

El actual Gobierno federal y su permanencia con el modelo económico neoliberal dejan el país en una dependencia económica aún mayor y subordinada al capital financiero internacional. Esas medidas neoliberales y de contrarreformas del Estado brasileño exponen la tendencia política y económica de disminución de los derechos sociales de la clase laboral.

De este modo, los avances democráticos obtenidos con la Constitución de 1988, que resultaron de un amplio proceso de luchas populares de los movimientos sociales y sindicales, de las camadas medias laborales y de la pequeña burguesía por la redemocratización del país a lo largo de las décadas de los 70 y los 80, no lograron seguir su curso de desarrollo hacia la ampliación de derechos sociales y políticos, incluso con algunos de ellos eliminados con sucesivas reformas constitucionales que luego se sucedieron, aún al final de los años de 1980, y siguieron extendiéndose hasta hoy^[3]. De tal forma, es posible afirmar que incluso la democracia liberal nunca ha logrado alcanzar sus plenos ideales si se analiza su efectividad junto a la clase laboral como un todo, pues, conforme explicita Silva- Aparecida (2021),

[la] crisis de la democracia liberal en Brasil siempre ha estado presente para las poblaciones de las periferias urbanas y rurales, para los indígenas, negros, mujeres pobres, inmigrantes, entre otros grupos sociales en inferioridad. La democracia liberal que tenemos convive con el trabajo esclavo, con el subempleo, con el hambre, con la miseria, con el analfabetismo y con la explotación infantojuvenil [traducción propia] (p. 123).

Frente a eso, se debe cuestionar cuál es la democracia que se quiere construir en Brasil. La democracia liberal convive con una alarmante crisis que se extendió a las instituciones públicas y democráticas brasileñas, causada por los intereses de la burguesía nacional y de sus sectores internacionales, que no aceptan más la contigüidad del contrato social regido desde la Constitución de 1988. El Estado brasileño en su forma neoliberal sigue sosteniendo la amplia reproducción del capital internacional, sin atender como mínimo las necesidades básicas de la población pobre y explotada por ese sistema. Se observa que para cada periodo histórico hay un carácter específico para el Estado nacional y para las concepciones de democracia y de libertad, que son disputadas en el ámbito de la política y de la cultura debido a su condición histórico-estructural.

Chauí (1990) usa dos modelos ―el de democracia participativa de Macpherson, citado anteriormente, y el de democracia elitista, propuesto por Joseph Schumpeter (1883-1950), economista y científico político austríaco― para analizar los distintos tipos de democracia liberal. Por esta vía, concluye que ambos están apoyados en la idea de democracia “estrictamente como un sistema político” (Chauí, 1990, p. 110), constituido por instituciones representativas del pueblo, lo que permite su viabilidad bajo el capitalismo.

En Brasil, en el periodo de los gobiernos petistas, de 2003 hasta 2016, es posible afirmar que hubo un avance de la democracia participativa con la implementación de consejos gestores, consejos de derechos de políticas públicas y experiencias de presupuesto participativo en algunas localidades municipales. Específicamente sobre los consejos, se hizo el siguiente análisis:

Antes de 1988 había casos puntuales de consejos nacionales, pero la diseminación de consejos gestores en variadas áreas de políticas públicas, con participación de representantes del Gobierno y de organizaciones de la sociedad civil que actúan en el tema, preferentemente en proporción paritaria, empieza a ocurrir en número significativo a partir de la Constitución de 1988. Ya en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se observa un crecimiento significativo, saltando de 16 a 35 el número de consejos nacionales en funcionamiento. Sin embargo, el salto ocurrido durante las gestiones Lula es incomparable: un promedio de 5,13 consejos creados a lo largo de 8 años, totalizando 41 nuevos consejos, más que el doble del número. Ya en la gestión Dilma Rousseff, se comprueba una caída drástica en esa ampliación, que puede ser entendida como saturación: son 87 consejos existentes, en una diversidad de áreas de políticas [traducción propia] (Bezerra, 2020, p. 177).

De hecho, la postura de la autora concuerda con el hecho de que la disminución en la proporción de aumento de consejos en el gobierno de Dilma Rousseff haya ocurrido porque ya había la posibilidad máxima de su diversidad con relación a las políticas públicas. El Decreto 8243 de 23 de mayo de 2014, que instituye la Política Nacional de Participación Social (PNPS) y el Sistema Nacional (SNPS), fue una evidencia del deseo de la presidenta de formalizar y crear normas para la democracia participativa en el país, asegurando el diálogo entre la sociedad civil y la administración pública. No obstante, tal diálogo no puede ser aplicado debido a la fuerte resistencia de la oposición y de sectores políticos, que incluso alegaron su inconstitucionalidad por atentar en contra las prerrogativas del Congreso Nacional (Bezerra, 2020).

Respecto a la participación por medio de la descentralización de las políticas sociales, Fleury (2006) afirma que, pese a las dificultades que ha encontrado desde el final de la década de 1980, es “un proceso en que hay un fuerte contenido pedagógico y de democratización de las relaciones de poder” (p. 57). Sin embargo, avanzando en su análisis, alerta que ese proceso, para “cumplir los preceptos democráticos del reconocimiento, deliberación y redistribución” (p. 57), necesita de “un proyecto nacional de desarrollo, autónomo y sostenible que, al contrario de los anteriores, ponga la democracia como directriz y la inclusión social^[4] como condicionante” (p. 57). No obstante, los persistentes índices de desigualdad social existentes en Brasil ponen de manifiesto que la democracia, conforme su concepción, nunca ha sido alcanzada plenamente en el país.

Por lo tanto, aunque sea importante la participación de la sociedad civil por dentro de los mecanismos estatales, a fin de ampliar la ciudadanía, extendiendo derechos a la población, es clave a su vez considerar que esa participación todavía queda restricta a los límites de la democracia liberal, sin alterar sustantivamente la cuestión social. Subráyese aún que, pese a sus efectos limitados, incluso ese tipo de democracia está en crisis en el país pues, además de las resistencias que ya ocurrían, conforme se destacó anteriormente, una de las primeras medidas del Gobierno Bolsonaro al asumir la presidencia fue la emisión del Decreto 9759, de 11 de abril de 2019, cuyo fin fue la extinción de los colegiados de la administración pública federal y el establecimiento de directrices, reglas y limitaciones para los reminiscentes. Ahora bien, dicho decreto no logró extinguir consejos nacionales de políticas públicas con actuación ya consolidada gracias a la movilización de amplios sectores populares y de los propios consejos aludidos^[5].

De hecho, el capitalismo, por su propia naturaleza exploratoria y alienante, defiende valores sociales antidemocráticos cuyo objetivo es fomentar la individualidad, la concurrencia, la competición, el fetichismo de la mercancía, la ganancia empresarial, entre otras tendencias ideológicas en que ese sistema se pauta. Para alejarse de esa lógica y construir una democracia popular, se hace imperativo

la organización política y filosófica constante de las clases inferiores en sus organismos representativos de clase, en una dialéctica del pluralismo, que envuelve el diálogo y la lucha conjunta entre los distintos sujetos sociales progresistas en la construcción de una democracia realmente para todos. Sin olvidar que la “libertad” para la lucha social y la lucha política contra el capitalismo siempre será restricta, manipulada o destorcida por los medios de comunicación burgueses [traducción propia] (Silva-Aparecida, 2021, p. 124).

En síntesis, no es cualquier modo de participación existente en la democracia liberal el que contribuirá para la superación de los males resultantes del capitalismo, expresados en las manifestaciones de la cuestión social. Por otro lado, los modos de participación con mayor potencial transformador y que pueden producir rompimiento en el sistema vigente serán exactamente los más combatidos.

Frente a ese escenario, más que nunca se hace importante reforzar la democracia y defender las instituciones democráticas. Sin embargo, se entiende como fundamental dar fuerza a los procesos participativos de base y a aquellos mecanismos capaces de reunir al pueblo con intereses comunes. De este modo, se hace necesario invertir en las organizaciones y en los movimientos populares donde la participación pueda, además de alcanzar objetivos compartidos por los partícipes, ser un medio para adquirir una consciencia crítica que, de acuerdo a la definición de Paulo Freire (1982), permita a los individuos “la representación de las cosas y de los hechos como ocurren en la existencia empírica. En sus correlaciones causales y circunstanciales” (p. 138). Así será posible liberar a la población de las falsas verdades, de la manipulación y de la subordinación política resultante de la mitificación de la realidad creada por los dominantes. Conviene también subrayar que esa concienciación jamás podrá ser concesión o regalo de las clases dominantes, pues, como cuestiona Freire (1980),

los opresores jamás podrán provocar la concienciación para la liberación: ¿cómo desmitificar, si yo oprimo? Por otro lado, como soy el opresor, tengo la propensión a mitificar la realidad que se da a la capitación de los oprimidos, para los cuales la capitación está hecha de manera mítica y no crítica [traducción propia] (p. 16).

Los procesos participativos que se desarrollan apartados de los mecanismos estatales pueden servir para una concienciación que resulte en el reconocimiento de la identidad colectiva de los distintos movimientos sociales, posibilitando alianzas entre ellos y colectivos populares y la preparación de representantes legítimos para que actúen en los mecanismos estatales, fortaleciendo asimismo la lucha dentro del Estado hacia la atención a los intereses de la clase laboral.

Superar la crisis de la democracia depende, además, de poner en práctica en el cotidiano de la política la transparencia en las acciones, la socialización de las informaciones, el retorno a las bases, la ampliación de los procesos decisorios y la consolidación de los espacios públicos participativos, así como de la construcción de una cultura popular de clase, que respete la diversidad de género, que sea antirracista y que defienda la naturaleza. Solamente de esa forma se podrá construir, verdaderamente, un nuevo modelo societario, eximido de explotación, analfabetismo, hambre y violencias, donde la democracia se materializa en el día a día de la población, adquiriendo un significado concreto que se expresa a partir del intrincado de las nuevas relaciones y determinaciones que van a constituir su esencia.

Tras esas consideraciones, resta anotar que la crisis de la democracia en Brasil es la crisis del capitalismo ya que nace del conjunto de las costumbres, los derechos y los deberes difundidos desde la niñez y reforzados, muchas veces, por un tipo de educación familiar que tiene como función principal la manutención de esta sociedad, anclada en una cultura conformista, individualista, antidemocrática e impopular, fomentada por la tradición de un saber colonizador. Así, la cultura política autoritaria, propia de las relaciones sociales capitalistas, adquiere rasgos característicos en Brasil y somete las clases inferiores a las concepciones de mundo de la clase dominante. Frente a esas imposiciones, la conquista de una democracia popular y radicalmente contraria al sistema dominante puede significar un largo camino de aprendizaje político y cultural de las masas, con sus intelectuales y entidades de resistencia. Como enseña Gramsci (1985), “la fuerza expansiva, la influencia histórica de una nación, no se puede medir por la intervención individual de personas singulares, sino por el hecho de que estas personas singulares expresen consciente y orgánicamente un bloque social nacional” (p. 67). En el caso de Brasil, pese a que haya una significativa resistencia, que proviene de partidos de izquierda, sectores académicos, intelectuales, artistas, sectores religiosos progresistas y organizaciones sindicales y populares, todavía no se ha construido ese nuevo bloque histórico capaz de imprimir una tendencia política nacional.

Consideraciones finales

Frente a lo que se expuso a lo largo del presente trabajo, se puede percibir que la democracia está envuelta por diversos significados y que la crisis vivida en Brasil es la resultante del ataque a los principios indicadores de la construcción de una democracia popular, que pueda establecerse en la vida concreta del pueblo, rompiendo con la explotación y, por consiguiente, con la desigualdad social.

Integrante de América Latina, Brasil es un país colonizado, capitalista, de tradición patriarcal y racista, donde el conservadurismo de las élites locales en el poder, seguidoras del neoliberalismo, ha ampliado sus privilegios políticos, económicos y culturales. Además, esas élites tampoco toleran siquiera la existencia de blandas reformas, ni dudan en quitar derechos de la clase laboral para no alterar los privilegios de los más acaudalados de la sociedad, que continúan legitimando sus decisiones políticas.

El ingreso de un presidente ultraconservador, autoritario y negacionista de la ciencia incitó la crisis democrática, que debe ser contrapuesta por una democracia popular. Esta, por su parte, solo será posible a través de un camino de aprendizaje político y cultural de la población inmersa en espacios fomentadores y fortalecedores de nuevas prácticas políticas participativas y democráticas, ejercitadas por sujetos conscientes y capaces de movilizar nuevos aliados para la consolidación de una voluntad popular colectiva, hacia la construcción de un modelo societario justo y equitativo que se contraponga al modo de producción capitalista.

Así, se entiende que no hay un modelo de democracia que pueda ser indicado como parámetro, pues ella se construye de acuerdo con los límites y las posibilidades concretas de cada contexto y momento histórico. Sin embargo, es posible reconocer que la tríada apuntada por Przeworski (2020), que se refiere a la existencia de elecciones competitivas, derechos de expresión y asociación protegidos por ley y Estado de derecho, sirve para enmarcar en la actualidad, los países democráticos, como cuando la democracia está bajo amenaza.

Se hace importante resaltar que la vigencia de esas tres características ―aunque amenazada o debilitada― todavía permite afrontar de mejor manera las manifestaciones de la cuestión social. Esto se puede comprobar en Brasil, especialmente en el periodo de la pandemia, toda vez que: la pluralidad de filiaciones de los gobernantes en los estados y los municipios permitió la organización diferenciada del sistema de salud en esas instancias y, por consiguiente, el incumplimiento de todas las orientaciones del Gobierno federal; el derecho a la asociación y expresión aseguró la existencia de movilizaciones populares para atender demandas vitales no acogidas por el poder público, asegurando la sobrevivencia de sectores de la población por medio de la solidaridad de la sociedad civil; la vigencia del Estado democrático de derecho hizo posible la intervención de poderes constitucionales para presionar y garantizar el cumplimiento de determinadas medidas fundamentales para el bien común^[6].

De este modo se señala la importancia de profundizar los estudios sobre las distintas modalidades de democracia, así como de analizar su efectividad en determinados contextos concretos, buscando extraer de sus simetrías y asimetrías características que puedan fortalecer sus aspectos positivos. Los esfuerzos en este sentido podrán, sin duda, contribuir en la construcción de un nuevo proceso civilizador, pautado por el respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales, resultantes de una autonomía conducida por la consciencia colectiva, por el desarrollo sostenible y por las relaciones sociales justas, esto es, no exploratorias.

Por último, frente a la crisis democrática vivida actualmente en Brasil conviene decir que, más que atenerse a la discusión teórica sobre cuál es el adjetivo más adecuado para cualificar la democracia, es importante emprender esfuerzos para movilizar tanto la intelectualidad de la izquierda como las instituciones democráticas y los amplios sectores populares, con vistas a la defensa conjunta de los presupuestos democráticos, la formación de consciencias críticas y la ampliación y consolidación de los procesos sociales capaces de fomentar la construcción de una nueva democracia, arraigada en la vida de las personas.

Declaración de aspectos éticos

El presente trabajo es un ensayo teórico, por lo que sólo utiliza fuentes bibliográficas, respetando su autoría. Por lo tanto, no expone a ningún ser vivo a ningún riesgo y cumple las normas éticas de publicación.

Contribución de los autores

Vini Rabassa da Silva: concepción, elaboración y revisión del artículo.

Suzan Cardoso Balsamo: revisión bibliográfica y elaboración del artículo.

Declaración sobre conflictos de interés

Las reflexiones expuestas en el trabajo son de los propios autores con la única intención de provocar nuevas reflexiones, y así el avance del conocimiento sobre el tema, con miras a la consolidación de un estado democrático, fundado en la libertad y el respeto a los derechos humanos de todos sus ciudadanos.

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Notas

Información adicional

Cómo citar este artículo: Silva, V. R. y Balsamo, S.C. (2023). Reflexiones sobre el carácter polisémico de la democracia y la urgencia de superar la crisis democrática en Brasil. Jangwa Pana, 22(2), 1-12. doi: https://doi.org/10.21676/16574923.4699

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redalyc-journal-id: 5880