Bastones de mando y fragilidad de la democracia en contextos de violencia: Chiapas, México y Cauca, Colombia1
Command batons and fragility of democracy in contexts of violence: Chiapas - Mexico and Cauca - Colombia
Diego Hernán Varón Rojas 
Universidad del Valle, Colombia – Correo: diegovaron721@yahoo.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7167-094X
José Enrique Delgado López
Universidad Rosario Castellanos, México – Correo: jose.delgado@rcastellanos.cdmx.gob
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-5865-1118
Resumen
Los tsotsiles y tseltales de los Altos de Chiapas México, y los Nasa del Cauca Colombia comparten algunos elementos, como el uso del bastón de mando, que implica un fundamento simbólico de su resistencia y lucha sostenida en el tiempo. Este artículo reflexiona sobre la fragilidad de la democracia en contextos de violencia experimentada por comunidades indígenas en dos países de América Latina. La novedad de esta investigación radica en la inclusión de las seis características de la democracia, propuestas por Robert Dahl y reconocidas como la poliarquía. Como estudio comparativo, abarca tanto casos específicos y localizados como generalizaciones teóricas más amplias. Actualmente, estas comunidades se encuentran en el fuego cruzado entre narcotraficantes, grupos al margen de la ley y fuerza pública, que cuestiona la suficiencia de los bastones de mando para seguir respondiendo a los ataques contra la democracia.
Palabras clave: bastones de mando; democracia indígena; violencias; Chiapas; Cauca.
Abstract
The Tsotsiles and Tseltales of the Altos de Chiapas, Mexico, and the Nasa of Cauca, Colombia, share some elements, such as the use of the baton of command, which implies a symbolic foundation of their resistance and sustained struggle over time. This article reflects on the fragility of democracy in contexts of violence experienced by indigenous communities in two Latin American countries. The novelty of this research lies in the inclusion of the six characteristics of democracy proposed by Robert Dahl and recognized as polyarchy. As a comparative study, it encompasses both specific and localized cases, as well as broader theoretical generalizations. Currently, these communities find themselves in the crossfire between drug traffickers, illegal groups, and public forces, which question the sufficiency of the batons of command to continue responding to attacks against democracy.
Keywords: batons of command; indigenous democracy; violence; Chiapas; Cauca.
Cómo citar este artículo: Varón-Rojas, D., y Delgado-López, J. (2024). Bastones de mando y fragilidad de la democracia en contextos de violencia: Chiapas - México y Cauca - Colombia. Jangwa Pana, 23(3), 1-15. doi: https://doi.org/10.21676/16574923.5704
Recibido: 15/02/2024
Aceptado: 27/05/2024
Disponible en línea: 01/09/2024
Artículo de investigación/Research article
Introducción
En el tránsito del siglo XIX los países latinoamericanos pasaron de ser colonias a Estados-nación y adoptaron ideológicamente el modelo político del liberalismo y la democracia representativa. Desde sus comienzos, dichas democracias han tenido el reto de fortalecerse, puesto que no siempre han representado a todos los sectores de la población. Incluso, varias veces la democracia fue intervenida por la Iglesia, lo que supuso un reto para los liberales bajo el principio del laicismo, y en otros casos se vio interrumpida por continuos golpes de Estado. El ejercicio democrático de esta práctica representativa se materializó preponderantemente, aunque no de forma exclusiva, en la manifestación de la voluntad a través del voto; en los comicios para designar a los representantes populares.
Cabe mencionar que existe una tipología de democracia representativa que va desde la minimalista, procedimental, hasta la resultadista y maximalista (Barrueto y Navia, 2013). Sin embargo, los indígenas son muestra de otro tipo de democracia participativa, basada en asambleas comunitarias que se caracterizan por tener un poder solidario, no jerárquico, aunque mandatario y colectivo (Wolfesberger, 2019).
En ese sentido, es pertinente estudiar las democracias en los contextos de los pueblos originarios. Dadas las situaciones que experimentan las democracias liberales, los bastones de mando pueden ser la respuesta para volver a ese ideal democrático en América Latina. Si bien es cierto los indígenas en algunos países pueden ser candidatos a puestos de gobierno, es decir, ser elegidos mediante el voto y ejercer su voto, ambos como parte del derecho constitucional, los porcentajes en los resultados electorales no reflejan la proporcionalidad ni la representatividad que se merecen.
Si se asume una perspectiva de largo plazo en la región, se recuerdan dos aspectos de esta tarea inconclusa: los golpes de Estado y los regímenes alternativos, basados en los modelos autoritarios. Los golpes o derrocamientos han sido visibles desde la década de los sesenta en países como Brasil, República Dominicana, Argentina, Panamá, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Chile. De otro lado, se identifican aquellos que no han seguido los ideales de poliarquía y han construido regímenes alternativos basados en los modelos “autoritarios” que siguen el ejemplo de la antigua URSS como Cuba, Nicaragua y Venezuela (Simone, 2019). En discusiones actuales ha ganado aceptación la denominada “fragilidad” o “declive” de la democracia en América Latina. Se retoma la expresión de Paul Ricoeur (1997) no para aludir a la debilidad, vulnerabilidad, sometimiento y muerte, sino para “prestar atención a la fragilidad que los hombres añaden con su acción a nuestra finitud original. El caso es que allí donde la intervención del hombre crea poder, crea también nuevas formas de fragilidad y, por consiguiente, de responsabilidad” (p. 75). Lo anterior permite afirmar que la hegemonía ejecutiva es un importante impulsor de la inestabilidad democrática (Pérez et al., 2019).
México y Colombia no están incluidos en el listado que han tenido golpes de Estado o de regímenes autoritarios en las últimas cinco décadas, elemento de partida para realizar este ejercicio comparativo. Sin embargo, cuentan con comunidades originarias que usan el bastón de mando como forma de autoridad y se organizan con el fin de proteger sus espacios y detentar estructuras basadas en la experiencia. Al respecto, son diversos los trabajos que tienen por marco analítico la propuesta de poliarquía de Robert Dahl en países de América Latina. Algunas investigaciones buscan comprender la idea de democracia subyacente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sahuí, 2021) o indagaciones por la articulación entre democracia y ciudadanía (Escutia y Torres, 2021). Al respecto, los países latinoamericanos han introducido normas de ciudadanía multicultural. En ese marco se identifican dos posturas: algunos temen que este proceso pueda desestabilizar y socavar las instituciones democráticas, mientras que otros creen que contribuye a fortalecer la democracia y restaurar su legitimidad (Fierro, 2020). El estado del arte evidencia pocos estudios de caso en contextos actuales de comunidades indígenas.
Entonces, nuestra investigación intenta llenar el vacío registrado en la literatura sobre estudios comparados entre indígenas tsotsiles y tseltales de Chiapas - México y la gente Nasa de Cauca - Colombia, que se enfrentan a contextos de violencias generadas por la presencia de diversos actores, entre los que se encuentran grupos de narcotraficantes, que ponen en evidencia la fragilidad de la democracia. A nivel analítico se retoman los seis aspectos que vincula la propuesta de Robert Dahl (1993 y 1998), y desde una orientación cualitativa se analizan fuentes secundarias. En el caso de los Nasa se cuenta con representatividad en el congreso, los cabildos y resguardos, a pesar de que muchos de los territorios que habitan no tienen las garantías suficientes para el ejercicio de las elecciones. De otro lado, los tsotsiles y tseltales no tienen representatividad de manera oficial, pues aparecen en forma discursiva o con participación condicionada a través de estructura política, bajo los intereses partidistas y no específicamente indígenas.
Materiales y métodos
La democracia se inspira en los movimientos de modernidad y liberalismo que condensan diversos ideales, como la conformación de un conjunto de instituciones políticas complejas que garanticen la participación ciudadana mediante la deliberación. Si bien es cierto que los orígenes de la democracia se remontan a los avances filosóficos de la Grecia Antigua y el republicanismo clásico, su desarrollo recibe una mayor influencia de las repúblicas italianas de la Edad Media, el Renacimiento y el movimiento liberal que posibilitó la construcción del gobierno representativo hacia el siglo XVIII (Dahl, 1993; Baños, 2006). Aunque abundan debates sobre las definiciones, las tipologías y las características de inclusión y exclusión de atributos, Robert Dahl (1998) propone la poliarquía como un concepto que explica la democracia por medio de seis características: 1- cargos públicos electos, 2- elecciones libres, imparciales y frecuentes, 3- libertad de expresión, 4- fuentes alternativas de información, 5- autonomía de las asociaciones, y 6- ciudadanía inclusiva (Odette, 2020).
La mayoría de las democracias del mundo occidental, incluyendo las latinoamericanas, atraviesan coyunturas y crisis profundas (Malamud y Núñez, ٢٠٢١) que se representan en instituciones que resultan ineficientes para responder a las demandas ciudadanas (Claassen & Magalhães, 2022), en bajo crecimiento o estancamiento económico (Treisman, 2020), en empeoramiento del equilibrio social (Dimitrova, 2018), en aumento de la pobreza y la desigualdad (Bonometti y Ruíz, ٢٠١٠), y en un entorno internacional donde ganan terreno los regímenes o liderazgos autoritarios (Guriev & Treisman, 2020). La pregunta por quién gobierna involucra en la actualidad una gran cantidad de actores, muchas veces ocultos en el escenario público, cuyos intereses económicos e individualistas frenan la poliarquía. Basta poner en cuestión la transparencia de los escrutinios o de las instituciones creadas para su regulación, quienes no aceptan la pérdida en las elecciones y construyen simbolismos para sabotear la institucionalidad, acompañados de actos ilegales y poco éticos.
Las democracias en América Latina afrontan desafíos: la aparición de nuevos actores y fuerzas políticas emergentes desleales con el modelo democrático, que buscan imponer sistemas de corte autoritario y personalista con poderes legislativos y judiciales incapaces de controlar al gobierno, y espacios acotados para la oposición que restringen la libertad de expresión (Hellinger, 2021). En los casos de estudio, además aparece una acelerada violencia producto de actores que se disputan la producción y distribución de sustancias ilegales. También, algunos investigadores hablan del estancamiento de la democracia en la región, asunto que desmejora desde el 2002 e incluye rupturas como las ocurridas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, o erosiones en países como Brasil, México y El Salvador (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2023).
Al respecto, son tres las razones que explican este estancamiento de la democracia. En primer lugar, la existencia de grupos poderosos que dirigen el crimen organizado, fuerzas de paramilitares y narcotraficantes, y redes de gobernantes autoritarios. Estos grupos aparecen porque los liderazgos no protegen los derechos de los ciudadanos, evitan que las elecciones sean libres y justas, e incluso ejecutan un poder político restringido que impide la discusión, la deliberación y el acuerdo de consensos. En segundo lugar, por la insatisfacción de la democracia y la mala gobernanza, generada por la autoridad populista que ataca el establishment. En tercer lugar, debido a los “Estados híbridos” que violan los derechos de los ciudadanos, no proporcionan seguridad ciudadana y servicios públicos de calidad, y están limitados por actores estatales poderosos e intereses privados que no quieren construir Estados de derecho. En resumen, el estancamiento y el retroceso democrático en América Latina está marcado por la corrupción, el patrimonialismo, la ineficiencia y el autoritarismo, que han debilitado el compromiso de los ciudadanos con la democracia (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2023).
El método comparativo utilizado en esta investigación permitió superar las deficiencias que acompañan los estudios locales de caso. Mediante la revisión de fuentes secundarias y análisis de entrevistas realizadas en un proyecto anterior, se logró ubicar el estudio en un punto intermedio sin caer entre los microestudios, que imposibilitan las conclusiones por fuera del caso, y las grandes teorías sobre la democracia, muy frecuentes en ejercicios historiográficos, económicos o de la ciencia política. Una de las limitaciones presentadas en el estudio fue la imposibilidad de hacer un estudio de campo, debido a los rebrotes de la violencia en las dos zonas de estudio. Este asunto se superó con comunicaciones personales a líderes de las comunidades y observaciones realizadas en el pasado, aspecto que permite considerar su trazabilidad. Para aumentar la veracidad y confiabilidad en la interpretación de las fuentes secundarias, esta fue triangulada. Es decir, aquellos datos no evidenciados en tres fuentes fueron descartados para aumentar la imparcialidad. Una de las situaciones estudiadas fue sometida al debate con expertos durante la defensa doctoral y en otros espacios (Delgado, 2022); con la otra, el documento fue evaluado por un experto en el campo, asunto que se plasma en los agradecimientos.
Como se presenta en el siguiente pasaje, las comunidades de Chiapas hacen uso de las asambleas comunales y colectivas mediante las cuales resuelven los problemas en grupo y atienden las dificultades inmediatas, próximas y cotidianas (García y Arcos, 2021). Ahí se solventan situaciones que tienen que ver con la justicia local, diferendos familiares, vecinales o comunitarios. No obstante, este ejercicio se ha visto mermado por retos que rebasan a la propia comunidad. Ejemplo de ello es la violencia desatada en muchos pueblos originarios de México cuyos usos y costumbres resultan insuficientes para afrontarlos. Igual situación se presenta entre los Nasa de Colombia con la llegada del crimen organizado a tales entes colectivos que se hace notable, verbigracia, con el narcotráfico y la presencia de los cárteles de la droga (López, 2020).
Declaración de aspectos éticos
Los procedimientos anteriormente descritos cumplieron con los principios y normas éticas contenidos en acuerdos y normas internacionales como el convenio 169 de la OIT y las legislaciones nacionales de Colombia, donde se llevó a cabo la investigación. Se respetaron todas las formas de vida y las diversas expresiones humanas y no-humanas.
Resultados
El bastón de mando entre tsotsiles y tseltales de los Altos de Chiapas
Desde 1990 se dio un fenómeno de movimientos indígenas en Latinoamérica en general y en México en particular (Aguirre, 2020). En este último, se presentó un proceso jurídico en el que se abrió la entrada a la pluriculturalidad y al pluralismo jurídico, en parte debido al impulso que dio la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la entidad federal chiapaneca hacia 1994. Uno de los eventos que hicieron parte de ello fue la reforma del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2024), que a la letra dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” (CPEUM, 2024). Es verdad que no resultó del todo como se esperaba en materia de respeto a los pueblos originarios, pero se establecieron los pilares para sustentar la práctica de los sistemas normativos indígenas. Consecuentemente, se constituyó la libre determinación de los pueblos originarios y se respaldó el uso del derecho indígena como marco jurídico para solventar conflictos dentro de sus comunidades (Contreras y Sánchez, 2013).
La heterogeneidad y la riqueza cultural en los Altos de Chiapas se ve reflejada en los grupos étnicos de la zona, como los tsotsiles y tseltales. Estos tienen como raíz lingüística el chol del protomaya y pueden observarse en los 17 municipios (Programa Nacional de Desarrollo, 2013). En el ámbito económico es factible ubicar la actividad en diferentes rubros: explotación forestal, pastoreo, agricultura y talabartería. Es importante mencionar que, en el caso de San Cristóbal de las Casas, está muy presente el turismo, las artesanías trabajadas en tela, ámbar, piel de vaca y la orfebrería. No se puede soslayar que, desde inicios del siglo XXI, ha venido incrementando la presencia del crimen organizado, que se hace notable por la siembra de opiáceos que a la vez significa un ingreso directo o indirecto para los habitantes de la región.
Las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas cuentan con dos tipos de administraciones locales que ciertamente colaboran, cohabitan y coparticipan en sus comunidades: por un lado, está el gobierno oficial o “constitucional”, denominado de esta forma por los pobladores, y por otra parte está el gobierno “tradicional”. El primero se sujeta a las elecciones electorales llevadas a cabo por el gobierno estatal, con una frecuencia de tres años y especialmente organizadas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC); de otro modo, las autoridades tradicionales efectúan anualmente su cambio de gobierno, con la condición de haber formado parte del sistema de cargos dentro de la comunidad, cuyo nombramiento puede darse por consenso o imposición de la población indígena a mano alzada. Para los dos casos se cumplen las celebraciones de ceremonias y rituales con su correspondiente parafernalia, propia de su transición de poder. Es allí cuando, entre otros elementos festivos, se muestra el bastón de mando como manifestación de legitimidad obtenida por votación o elección popular indígena (Martínez et al., 2019).
Los bastones o varas de mando no son únicos en su decoración, es decir que no existe un convencionalismo en cuanto a sus formas. Concretamente, en los Altos de Chiapas el bastón está compuesto por un casquillo y base, al que algunos indígenas llaman “pie”, principalmente acuñado de plata. En la parte de en medio, casi de donde se toma con la mano, penden dos borlas de tela negra que simbolizan una flor. Ahora bien, el simbolismo que le dan los indígenas a la vara es amplio y complejo, pues confluyen aspectos que van desde la idea de autoridad, poder y dioses hasta antepasados, y se asocian con un origen prehispánico (Delgado, 2022). De igual modo, representan su propia identidad y respeto al elemento mismo, y por ende a quien lo porta (Martínez et al., 2019). El bastón de mando es un símbolo de sabiduría y poder político que dota a quien lo posee de la potestad de responder a todo tipo de conflictos, pues el bastón es sagrado.
La purificación de los bastones de mando es una constante entre los pueblos originarios y México no es la excepción. En cada festividad se hace el lavado del bastón e incluso existe la figura de los ayudantes que se dedican específicamente a ello y les nombran “el sagrado espejo”. Para lavarlo, se coloca la hoja de pino encima de una mesa como una especie de alfombra y se acompaña de la quema de incienso a la par de dos tazones: en uno se pone flor desgranada de manzanilla y en el segundo, hoja de laurel. Entonces se vierte en ellos agua caliente, con lo que se desprende el aroma. Los bastones se acomodan según la autoridad con la peculiaridad de que la parte superior de la vara se dirige hacia un altar y “se le cambia la ropa”, que en realidad se trata de un “pañuelito”, y se le solicita al instrumento que perdone errores, faltas y pecados.
Un caso emblemático alrededor de la insignia del mando se dio en diciembre del 2019, en plena crisis sanitaria por la Covid 19, cuando se produjo un conflicto importante en el momento en el que los indígenas tsotsiles de San Juan Chamula se enfrentaron al interior de su comunidad. En uno de los bandos estaba Ponciano Gómez Gómez, candidato por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), versus el adversario político Juan Chilón Cruz, quien contaba con el apoyo del Consejo Municipal, además de representar a todos los barrios, San Juan, San Sebastián y San Pedro, y 160 comunidades del municipio. En medio del conflicto, fue robado el bastón de mando que tenía el alcalde oficial, quien de inmediato denunció los hechos (Hernández, 2019).
No obstante, los indígenas recurren frecuentemente al diálogo entre los integrantes de la comunidad, esto como un elemento fundamental de la democracia. Por eso convocan asambleas que se caracterizan por no tener un tiempo límite, ya que es necesario que todos queden conformes y se resuelvan los diferendos y se finalicen los conflictos. En ese contexto, el bastón de mando aparece como un elemento que contribuye a optimizar los vínculos a nivel intra e intercomunitario. Durante el lavado del símbolo de poder en San Juan Chamula se solicita que exista armonía con las autoridades, con el presidente municipal, y que haya paz y bienestar en todo el pueblo Chamula.
El uso frecuente de los bastones de mando en autoridades que no son indígenas como algunos presidentes municipales, gobernadores estatales y presidentes, ha evidenciado la instrumentalización de la insignia con propósitos meramente políticos electorales para conseguir determinada legitimidad frente a los pueblos originarios. En México existen imágenes de la utilización de la insignia desde el presidente Adolfo López Mateos hasta el actual ocupante del poder ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, quien fue el primero en exhibir el recibimiento del bastón de mando el 1 de diciembre de 2018 de manos de líderes de comunidades indígenas, precisamente en la fecha en que llegaba oficialmente al poder (Jiménez et al., 2018). Años más tarde, en el 2023, se generó un debate en el momento en el que el presidente le dio la vara de mando a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. El quid del asunto es que los pueblos originarios sostienen que, para la transición del poder a través de tal instrumento político, es necesario el acuerdo y apoyo de la comunidad indígena, lo cual no se dio.
Consecuentemente vendrían los pronunciamientos en contra de dicho acto, pues el 19 de septiembre del 2023, Santiago Ortela Sarmiento, un médico tradicional que representa 68 comunidades indígenas mexicanas, adujo que él le había entregado el bastón de mando a López Obrador a nombre de los pueblos originarios y afromexicanos del país, mediante una ceremonia sagrada en la Plaza de la Constitución, de acuerdo con la dinámica de las tradiciones ancestrales. Sin embargo, que la vara de mando no es cualquier instrumento, ni debe usarse sin el aval de los guardianes de las tradiciones sagradas, pues incluso se llega a considerar como una ofensa (Dina et al., 2023).
El dilema en relación con el bastón de mando también es notable cuando el representante del poder ejecutivo demanda del colectivo indígena el reconocimiento de su identidad, su simbología y sus costumbres, lo cual se logra solamente mediante el diálogo y el respeto mutuo. De tal forma que cuando una autoridad del gobierno oficial nacional obtiene el instrumento de poder, realmente se traspasa un duplicado, ya que no cualquier persona debe exhibir el objeto de poder, a lo que cabe añadir que no debe traspasar las fronteras de la población.
Cuando se trata de violencia, las comunidades indígenas mexicanas han intentado a su manera zanjar la situación. Los casos más emblemáticos al respecto han sido la defensa de Cherán, Michoacán en el 2011 (Gasparello, 2018), y el sistema de autogobierno de las comunidades neozapatistas de Chiapas conocido como “los Caracoles” que habían funcionado desde el 2003 (Guillén, 2014; Ávila, 2018). Si bien no son los únicos ejemplos, habían sido una muestra exitosa de un resguardo de su población. El cambio se ha dado en el estado chiapaneco donde los cárteles de la droga fueron penetrando las comunidades debido a que su posición geográfica los proyecta como un espacio estratégico para el trasiego de narcóticos por la frontera con Guatemala.
El 24 de septiembre del 2023 los chiapanecos fueron testigos del paso de una caravana del Cártel de Sinaloa (CS) por la carretera entre Frontera Comalapa y San Gregorio Chamic, precisamente dos municipios que hacen de límite entre México y Guatemala (Marcial, 2023). Los propios habitantes de la región mencionan que también se han asentado en alcaldías como Motozintla, Chicomuselo, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera y Siltepec, donde también hacen acto de presencia los efectivos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) (Bellinghaussen, 2023). Cabe destacar que desde tiempo atrás ya había signos de la existencia de la delincuencia organizada. El dato más reciente se ubica en el año 2020 cuando se señalaba la operación de seis cárteles de la droga: los ya mencionados CS y CJNG, además de Los Zetas, Zona Metropolitana y Centro del Territorio Chiapaneco, y los Beltrán Leyva, del Golfo y San Juan Chamula, dispersos en otras 15 regiones de la entidad federativa (Espino, 2020).
A modo de resistencia, los habitantes de aquellos municipios chiapanecos organizados en los Caracoles, como Jacinto Canek, decidieron trasladarse sigilosamente hacia otro municipio adyacente (Bellinghaussen, 2023). La inquietud se extendió hacia las mismas parroquias católicas y en general se desplazaron familias enteras. La violencia, las extorsiones, el hostigamiento a los poblados enteros, las migraciones y los desplazamientos mermaron la democracia indígena. Actualmente no solo se dificulta llevar a cabo las asambleas, sino que tanto líderes de los pueblos originarios como los integrantes de los sistemas de cargos se ven penetrados en su estructura de gobierno local (Topete y Díaz, 2014). Finalmente, esto derivó en que las comunidades zapatistas, a través de su vocero, el subcomandante Moisés, declarara el 6 de noviembre del 2023 la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas del Buen Gobierno, también conocidas como los Caracoles (Ferri, 2023).
En relación con los cargos públicos, entre los indígenas en general se da la peculiaridad de la existencia del sistema de cargos (Mesri, 2020). Este se caracteriza porque los puestos son rotativos y para alcanzar el nombramiento más alto en la jerarquía administrativa se requiere haber transitado por todos los cargos. Pero puede suceder que después de haber ocupado el nombramiento con mayor responsabilidad como presidente municipal, se pase posteriormente a ser un síndico que tiene un reconocimiento menor. Al mismo tiempo, se da la posibilidad de que el cargo sea impuesto por la comunidad y que sea de carácter honorario, lo cual resulta complicado, ya que hay que dedicarles mucho tiempo a las tareas que se le encomiendan y trabajar para solventar sus propios gastos y los de su familia, por lo cual pueden terminar endeudados al terminar su gestión.
Este es uno de los grandes retos que experimentan los líderes al buscar el relacionamiento con el gobierno nacional. Sin embargo, es también importante reconocer que ciertos cargos se consiguen gracias a la inversión en gastos comunitarios como las celebraciones con comidas y bebidas y una asistencia abierta a la población (Shimizu, 2022). Pero no basta con tener dinero, es requisito indispensable pertenecer a la comunidad, de decir que el vínculo social, histórico y cultural cobra un valor importante en la estructura político-administrativa de los pueblos originarios.
En ese sentido, las elecciones no necesariamente se llevan a cabo con el ejercicio del voto en las urnas, sino a través de asambleas comunitarias, en ocasiones a mano alzada (Miranda, 2020). No obstante, aunque aparentemente el cargo se consigue de facto, la persona elegida regularmente ya hizo las gestiones propias para tener el apoyo de su gente, además de haber pasado por los puestos necesarios del sistema de cargos que le dieron la experiencia mínima para asumir la responsabilidad debida, junto con los méritos propios que le proyectan como el individuo capaz de ostentar el bastón de mando (Alonso, 2020). Esta dinámica liga la actividad electoral indígena con la libertad de expresión, ya que, en las asambleas populares, los integrantes de los pueblos originarios suelen manifestar sus necesidades, desacuerdos o los agradecimientos y reconocimientos correspondientes (García y Arcos, 2021). Otro reto que enfrentan las dos comunidades al estar ubicadas en el Estado de Chiapas es la alarmante cifra de homicidios dolosos que, en comparación con el año anterior, durante los primeros meses de 2024 aumentó en un 53 %. Muchas de estas muertes son de integrantes de las comunidades estudiadas.
En lo concerniente a las fuentes alternativas de información, es quizá uno de los retos más importantes para los pueblos originarios, ya que su demanda es que se les facilite la creación de la radio comunitaria (Ortega, 2020). Esto implica que en dicho medio de comunicación se den a conocer temas que le interesan a la propia población, y más aún que sea en su misma lengua indígena, donde participen integrantes y conocedores de los pueblos originarios. Sobre la autonomía de las asociaciones, los pueblos indígenas han demandado constantemente el reconocimiento de su libre autodeterminación, lo cual implica que se les respeten sus propias instituciones jurídicas, políticas, religiosas y administrativas (Cruz, 2013).
Desde la mirada occidental, una de las dificultades más importantes por solventar en los pueblos originarios tiene que ver con la ciudadanía inclusiva. Si bien es cierto que bajo el principio constitucional cualquier mexicano, sin importar su lengua, color de piel, ideología política o grupo étnico, una vez que cumpla los 18 años obtiene la ciudadanía y consigue varias obligaciones y derechos, entre ellos el poder ejercer su voto, sucede que el género femenino indígena tiene limitado el ingreso al sistema de cargos. Las mujeres han venido empujando los sistemas normativos para poder ingresar y obtener el lugar que les corresponde (Rey, 2014).
El bastón de mando entre los Nasa: democracia y resistencia
La participación activa de los pueblos indígenas en la política de Colombia inició con la Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1991. Desde ese momento, los pueblos indígenas tienen representación en el Congreso de la República: una curul en la Cámara de Representantes y dos en el Senado. La promulgación de la Constitución Política de Colombia (en adelante CPC) consagró al país como pluriétnico y multicultural. Al reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural, se generó un gran avance en el ejercicio de la democracia, que incluyó la protección de los derechos de los pueblos y su representación en las instancias de orden legislativo. Desde ese momento se crearon leyes como la 134 de 1994, que expresan los mecanismos de participación ciudadana; la Ley Estatutaria 1757 de 2015 sobre la promoción y protección del derecho a la participación democrática; y, en particular, la ley 649 de 2001, que reglamentó el artículo 176 de la CPC y permitió crear la circunscripción nacional especial.
En el caso específico de las comunidades indígenas, los candidatos que aspiren a ser elegidos a la Cámara de Representantes por circunscripción especial deberán haber ejercido un cargo de “autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización refrendado por el Ministerio del Interior” (Ley 649, 2001). Otro avance es el reconocimiento de la preexistencia de los sistemas jurídicos, y de las diversas formas para el ejercicio de la justicia, a través de la Jurisdicción Especial Indígena (en adelante JEI), con instituciones competentes del Estado para articular y coordinar el diálogo intercultural mediante la justicia indígena, el Sistema Judicial Nacional, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la asociación de cabildos (USAID, 2019; Gómez, 2018). Los líderes indígenas participan en la representación de partidos políticos como Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
En este sentido, los pueblos indígenas conservan un papel relevante en la toma de decisiones desde lo local hasta lo nacional. De acuerdo con la Organización Indígena de Colombia (ONIC), existen 117 pueblos indígenas, de los cuales 102 cuentan con el reconocimiento del Estado, otros 12 poseen el reconocimiento de organizaciones indígenas y tres gozan del autorreconocimiento étnico, distribuidos en 30 de los 32 departamentos del país. El pueblo nasa o “gente del agua” representan el 13,4 % de la población total indígena de Colombia. Según el último censo, está conformado por 186.178 autorreconocidos, de los cuales el 51 % son hombres (94.971) y el 49 % mujeres (91.207). Se concentran principalmente en la región de Tierradentro, entre los departamentos del Huila y el Cauca, donde habita el 88,6 % de su población. Algunos se han radicado en el sur del Tolima, en el Valle del Cauca, y otros han emigrado al Caquetá o al Putumayo. Su lengua Nasa Yuwe pertenece a la familia lingüística Paéz, y se suma a las más de 65 lenguas nativas que hacen parte del patrimonio cultural del país (Nasa, 2019).
El resguardo es una institución de origen colonial y republicano que otorga al indígena un territorio determinado para vivir y sembrar, sin que pueda vender las tierras a personas que no pertenezcan a su comunidad (Duarte, 2020). Cada resguardo se gobierna por medio de un cabildo, elegido anualmente a fines de diciembre y posicionado el 1 de enero ante el alcalde municipal correspondiente. De acuerdo con la Ley 89 de 1890, el cabildo representa al gobierno colombiano en las comunidades indígenas. Está compuesto por un gobernador, dos alcaldes, dos alguaciles, un secretario y un tesorero, quienes portan bastones de mando de madera chonta con empuñadura de plata como símbolos de sus cargos. Mediante el decreto 1088 de 1993, se conformaron las Asociaciones de Cabildos. Este trabajo se concentra en el Territorio de la Cxhab Wala Kiwe al norte del Cauca, y está conformado por 22 cabildos indígenas, de los cuales 16 están constituidos como resguardos indígenas (Nasaacin.org, 2022).
El departamento del Cauca ha sido una de las zonas con mayor número de actores violentos y confrontaciones armadas, lo que pone en evidencia la fragilidad de la democracia. En sus territorios han ingresado cocaleros, guerrilleros, fuerza armada, narcotraficantes, bandas emergentes, desmovilizados, entre otros. En las últimas décadas los indígenas se han cansado de tanta guerra, y en julio de 2012 los medios de comunicación expresaron su postura frente al conflicto: no tolerar ningún enfrentamiento armado en sus territorios, lo que significó expulsar tanto a militares como a guerrilleros, valiéndose de la autoridad representada en “el bastón de mando” (Ballesteros, 2016). Esta pequeña vara de madera con cintas de colores es portada por la guardia indígena, que ha sido protagonista de diversas acciones que han incluido marchas, concentraciones y diferentes tipos de resistencia social. Feliciano Valencia, líder del Concejo Regional del Cauca (por sus siglas CRIC), señaló en ese momento: “nos cansamos de la guerra, aunque respetamos al Gobierno y a la Constitución (…) tenemos derecho a la paz” (Arias, 2012).
El bastón de mando es un símbolo importante que distingue a quienes adquieren la responsabilidad política y jurisdiccional de impartir justicia en la comunidad, asignada por las Autoridades Indígenas. Entre los nasa, la chonta o bastón de mando representa tierra y es mujer. Significa autoridad de mando y de servicio. La chonta o vara de mando impone un conjunto de deberes: no se debe dejar tirada, no debe ir colgada, ni atrás, ni al lado ni adelante, y debe ser refrescada. Los colores dependen del pueblo a que representa. La cosmovisión incluye un conjunto de rituales que armonizan y dan equilibrio para la vida en comunidad. Se acatan las leyes y normas de comportamiento con el apoyo de los guías espirituales como los Kiwe Thë, quienes garantizan el bienestar de todos. La ley y el derecho mayor son el soporte de la cosmovisión nasa. Uno de los rituales que posibilita la defensa territorial es el Khabu fxize´- uka fxize: la armonización de los bastones de las autoridades transitorias (cabildos) o el refresco de los bastones de autoridad (Collo, 2019). El bastón de mando aparece en los inicios de la cosmovisión del pueblo acompañado de la leyenda de Juan Tama.
Otra característica de la poliarquía es que las elecciones deben ser libres, imparciales y frecuentes. En las elecciones territoriales de octubre de 2023, la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que 12 municipios del Cauca representaban alto riesgo electoral y problemas del orden público. El registrador nacional confiaba en que, si se aplicaba el Plan Democracia de manera especial en este departamento, no se aplazarían las elecciones en ningún municipio. De igual forma advirtió que los candidatos que crearan alianzas con grupos al margen de la ley, serían judicializados (Registraduria.gov.co, 2023). En ese momento, Caldono era uno de los municipios que aparecía en alto riesgo. Las innumerables tomas guerrilleras en sus calles, ataques a las instalaciones de la policía y lugares importantes pueden incluirse en la trazabilidad. Además, el resguardo indígena de San Lorenzo de Caldono ha sido el lugar donde se continúa presentado reclutamiento de menores. Entre la firma del Acuerdo Final de Paz, en el año 2016, hasta el 2023, las guerrillas se han llevado más de 70 jóvenes nasa. Datos más preocupantes señalan que 817 menores han sido reclutados por grupos armados, entre el 2021 y abril del 2024. Otro dato significativo tiene que ver con los homicidios: la mayor parte de los fallecidos han sido personas entre 14 y 28 años. Esto indica que la población joven es la más vulnerable debido al conflicto armado interno (CRIC, 2023).
En febrero de 2020, durante la tercera asamblea nacional de la Nación Nasa, reunida en el resguardo ancestral indígena de Juan Tama, en Santa Leticia (Huila), se reunieron las 197 autoridades del pueblo nasa de Colombia. Denunciaron incumplimientos del Estado colombiano hacia el Plan de Salvaguarda de la Nación Nasa, y rechazaron las confrontaciones violentas en los territorios indígenas ocurridas entre actores armados legales e ilegales (Onic.org.co, 2020). En el Putumayo conviven 15 pueblos indígenas que habitan en 323 comunidades entre cabildos y resguardos. El Estado colombiano debe garantizar la participación activa de los indígenas en todas las elecciones populares, para fortalecer los procesos democráticos, pero no todos pueden acceder fácilmente a los puntos de votación. De acuerdo con el líder Claudio Sánchez, “siempre estamos solicitando ante las entidades electorales la creación de más puestos de votación y pedagogía electoral” dirigida a las comunidades de la región. “Nuestros mayores y mayoras, nuestros abuelos y abuelas, necesitan personas que los puedan orientar, con traducciones en nuestras lenguas nativas, porque muy difícilmente ellos entienden el español” (RTVC, 2023). Dentro de la población indígena, incluyendo a los nasas o páez, no todos asisten a los puestos de votación por la falta de accesibilidad, de forma que hay retos electorales.
En los cabildos indígenas nasa los bastones de mando representan la autoridad, que está ligada a la naturaleza misma desde la concepción y desde los usos y costumbres. El hecho de que se purifiquen, “se refresquen” y se limpien los bastones en los sitios sagrados, permite dar poder y fortaleza a quienes los portan, debido a que están íntimamente relacionados con los espíritus del territorio. Esto permite garantizar el orden y evita el desorden y la violencia. El bastón de mando de los cabildos indígenas posee el espíritu del gran pueblo luchador y transmite la capacidad de gobernar a quien lo lleva. La vara infunde respeto ante los comuneros (Collo, 2019). Sin embargo, estos significados profundos para los nasa y otras comunidades permanecen ocultos para muchos de los conciudadanos, quienes han resistido las injusticias e incumplimientos de gobiernos pasados.
En el contexto del estallido social vivido en Colombia entre los meses de abril y mayo del 2021, diversas asociaciones indígenas como el CRIC acompañaron a la minga indígena, de forma que en el imaginario las comunidades indígenas son las causantes del malestar y las injusticias (Rodríguez y Pérez, 2022; Castillo, 2021). Como consecuencia, se dieron debates porque las comunidades misak del Cauca echaron abajo la estatua de Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Cali, así como había sucedido años atrás en Popayán. Estos antecedentes han sido el preámbulo de diversos debates entre el presidente Gustavo Petro y sus opositores.
En mayo de 2023, integrantes de la guardia indígena realizaron un plantón pacífico a las afueras del Congreso de la República en Bogotá. La minga indígena, ubicada en la Plaza de Bolívar, portaba sus tradicionales bastones de mando, hecho que generó una fuerte crítica de figuras como el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la senadora Paloma Valencia, quienes interpretaron el porte de estos objetos como “armas” y no se bajaron de expresiones como “organización armada” para criticar la manifestación. El presidente Gustavo Petro no tardó en señalar: “No confunda cultura con armas” (El Colombiano, 2023). Los mil indígenas que llegaron a Bogotá para participar en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo se fueron satisfechos por haber logrado incidir en la hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro. “Esta vez, los pueblos indígenas fuimos escuchados y logramos meternos en las bases del plan de desarrollo (…) Hemos aprendido a resistir la discriminación racial” señaló un líder. Sin embargo, la defensa de Petro a la guardia indígena genera cuestionamientos respecto a si en efecto la sociedad colombiana, y después de 32 años de la Constitución de la República, se percibe como pluriétnica y multicultural, y si los ciudadanos conocen el significado del bastón de mando.
En septiembre de 2023, la minga indígena regresó a Bogotá para acompañar las gestiones del presidente Petro. Más de 7.000 indígenas llegaron de diferentes partes del país para defenderlo porque sí los tenía en cuenta. Desafortunadamente, esta idea se modificó en ocho meses. Los medios de comunicación aún cuestionan la transparencia en momentos en los que se recrudeció la polarización política y la violencia. Durante el año 2023, 181 líderes sociales fueron asesinados en Colombia y cerrando ese año se contabilizaron 93 masacres en Colombia. En el departamento del Cauca la violencia se ha agudizado: en la madrugada del 22 de diciembre asesinaron a cinco indígenas en el resguardo de Canoas, en Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Las denuncias se hicieron a través de las redes sociales y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Dos días atrás, las autoridades alertaron sobre el hallazgo de seis cuerpos en diferentes veredas entre los municipios de Corinto y Caloto: tres hombres fueron encontrados en una carretera intermunicipal; dos, abandonados cerca de una estación de gasolina, y el sexto fue aparentemente asesinado en un tiroteo. En el primer mes del 2024 ya se cuentan 8 líderes asesinados. Aunque Indepaz señala que las masacres han disminuido en comparación con el año 2022, preocupa que muchas de estas personas estuvieron vinculadas con el proceso de paz dado entre el gobierno nacional y las extintas FARC.
Se habla de que el norte del Cauca es un lugar de confrontación y disputas entre nuevos grupos de narcotraficantes vinculados a carteles mexicanos, centroamericanos, del Caribe e incluso nacionales, y muchos indígenas se ven perseguidos por estos vínculos con la ilegalidad. Entre ellos están Pedro Luis Zuleta Noscué, Aura Elisa Manian, Heller Ramiro Cambar y muchos otros indígenas del Cauca y la Guajira que han sido pedidos en extradición por los gobiernos de los Estados Unidos y Ecuador. En el caserío Siapana, en La Guajira, se coordinó “todo lo relacionado con el transporte marítimo de los alijos y sería el encargado de mantener contactos con estructuras narcotraficantes de República Dominicana y Puerto Rico” (Swissinfo.ch, 2023). Las comunidades indígenas son las primeras víctimas en la cadena del narcotráfico en Colombia. Entre las poblaciones nasa se cuentan dos historias contrastantes “dentro de la irresuelta cuestión de la producción masiva de marihuana y coca en los Andes colombianos: las resistencias y las derrotas de las comunidades” (Ferrari, 2022). Desde mayo de 2024, cuando se dio una declaración de “ofensiva total” del gobierno actual al Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las FARC que tiene presencia en el suroccidente del país, los indígenas permanecen cercados en el fuego cruzado. Por esto y por los incumplimientos del plan cuatrienal de inversión hacia los resguardos indígenas del Cauca, los nasa y otras comunidades indígenas le han “retirado temporalmente el acompañamiento a Gustavo Petro”. Los bastones de mando fungen como objeto simbólico que siguen resistiendo la inequidad, la violencia y claman poder frenar la fragilidad de la democracia.
Discusión
Los países latinoamericanos han provocado cambios significativos al introducir normas para una ciudadanía multicultural. Este aspecto ha generado dos posturas: creer que este proceso puede desestabilizar y socavar las instituciones democráticas, y considerar que esto, por el contrario, contribuye a fortalecer la democracia y a restaurar su legitimidad (Fierro, 2020). A partir de los casos estudiados en México y Colombia son muchos los avances de las comunidades en Chiapas y Cauca, de forma que, si bien no se cumple en su totalidad la propuesta de poliarquía de Robert Dahl, la democracia participativa está presente como se evidencia en la Tabla 1. A nivel nacional, tanto México como Colombia gozan de una democracia estable, por lo menos en las últimas cinco décadas, y sus líderes buscan proteger los derechos indígenas mediante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otras reglamentaciones firmadas con organizaciones internacionales (Sahuí, 2021). Las prácticas ancestrales de los grupos indígenas estudiados tienden a fortalecer la democracia y a restaurar su legitimidad mediante símbolos importantes como el bastón de mando.
Tabla 1. Comparación de las democracias entre los tsotsiles, tseltales y nasas.
Fuente: elaboración de los autores
De acuerdo con Mainwaring & Pérez-Liñán (2023), en los casos de estudio se identifican las tres razones que explican la fragilidad de la democracia entre los tzotziles, tseltales y nasas. En primer lugar, grupos poderosos que dirigen el crimen organizado en sus territorios. Algunos han huido, otros han resistido. Algunos liderazgos no protegen los derechos de los ciudadanos, y por exceso de burocracia evitan que las elecciones sean libres y justas, como en el caso de algunas mesas de votación a las que personas mayores no pueden acceder. Incluso, algunos grupos armados ejecutan un poder político restringido que impide la discusión, la deliberación y el acuerdo de consensos. En segundo lugar, el aumento e insatisfacción de la democracia se debe a los malos gobiernos que incentivan un “colonialismo interno” y generan autoridades populistas que atacan el establishment. Y finalmente, se violan los derechos de los ciudadanos al no proporcionar servicios públicos de buena calidad y seguridad, lo que provoca el reclutamiento de menores indígenas. Así las cosas, el estancamiento y el retroceso democrático en los casos de estudio incluyen aspectos como la corrupción, el patrimonialismo, la ineficiencia, entre otras formas de violencias.
Conclusiones
En Latinoamérica, el tema de la democracia ha sido un reto constante desde que los países se emanciparon de las metrópolis iberoamericanas. Luego vendría una fuerte presencia del intervencionismo estadounidense notable en golpes de Estado y ahora quizá visto en la dependencia de relaciones comerciales o inversiones de capitales. Más allá de su clasificación, la dinámica democrática dentro de los Estados latinoamericanos ha tenido continuas señales de fragilidad como las demandas ciudadanas, el estancamiento económico, el desequilibrio y desigualdad social, la pauperización y los liderazgos autoritarios, lo cual va aparejado de una gobernanza inadecuada junto con la presencia del crimen organizado y grupos paramilitares que merman los sistemas políticos administrativos, en un marco de cohecho e indiferencia social.
La aplicación del método comparado en contextos de relativa semejanza como los presentados, que se encuentran en fuego cruzado entre grupos de narcotraficantes, al margen de la ley y fuerza pública, permite a las ciencias sociales ubicarse en un punto intermedio entre los casos de estudio y la producción de la gran teoría. Las comunidades indígenas tsotsiles y tseltales de México y nasa de Colombia presentan sistemas tradicionales e instituciones jurídicas, políticas y administrativas que se han analizado a través de la propuesta sobre la poliarquía de Robert Dahl. Con el propósito de favorecer los mecanismos de autonomía indígena, las constituciones de ambos países latinoamericanos cuentan con los artículos que sustentan la pluriculturalidad de sus naciones. Sin embargo, el deseo de ser incluidos no se hace del todo patente porque se limita por la violencia y la restricción de las mujeres al sistema de cargos.
Los indígenas se han organizado en asociaciones. En el caso de los nasa, se han agrupado en la ONIC o CRIC, y en partidos políticos como MAIS y AICO. También, se han organizado en comunidades autónomas, como los Caracoles de adscripción neozapatistas. Sin embargo, la organización de los pueblos originarios ha sido objeto de violencia, como la originada por el crimen organizado, principalmente por la presencia del narcotráfico que los impacta directamente. Esto se evidencia en el asesinato, cooptación o secuestro de líderes indígenas locales. En el caso de Chiapas, la violencia ha aumentado en un 57 % en el último año, y en el Cauca ha aumentado el reclutamiento de menores por grupos al margen de ley (más de 800) y las muertes a líderes. En este contexto es visible el bastón de mando como un elemento a través del cual convergen aspectos políticos, religiosos, jurídicos o administrativos; es tan representativo de la voluntad comunitaria que los gobiernos lo han instrumentalizado para capitalizarlo políticamente como atributo de legitimidad, mientras que los indígenas le dedican una serie de rituales para purificarlo y por ende sacralizar al portador.
Finalmente, bajo las categorías conceptuales sobre democracia propuestas por Dahl, encontramos que los nasas sí tienen representatividad en el congreso y los cabildos colombianos, mientras que los tsotsiles y tseltales no la tienen de manera oficial, solo de forma discursiva o con participación condicionada a través de estructura política con intereses partidistas, no meramente indígenas. Además, en las elecciones no se da pleno acceso a los integrantes de los pueblos originarios, como es notable entre los nasas y los tsotsiles y tseltales, quienes tienen representación grupal a través de asambleas. En relación con la libertad de expresión, entre los nasas de Colombia han sido asesinados cientos de líderes, lo cual se vuelve un impedimento para la libre manifestación de las ideas o de las necesidades sociales, aunque entre los indígenas chiapanecos se suelen hacer notar las expresiones en las asambleas comunitarias. En relación con las fuentes alternativas de información, los nasas sí cuentan con medios escritos y propios para expresarse, en tanto que los tsotsiles y tseltales tienen radios comunitarias con locución en sus mismas lenguas indígenas.
En este sentido, los bastones de mando enfrentan diversos retos, pues han sido una clara respuesta a la fragilidad de la democracia en estas regiones.
Contribución de los autores
Diego Hernán Varón Rojas: el caso de Colombia y todo el texto.
José Enrique Delgado López: el caso de México y todo el texto.
Declaración sobre conflictos de interés
Esta investigación no fue influenciada en ninguna de sus fases de desarrollo por agentes externos o intereses personales del equipo de investigación que hayan hecho perder la rigurosidad u objetividad en la obtención de los resultados.
Agradecimientos
Los autores agradecen al investigador Rafael Carvajal Baeza, docente de la Universidad del Valle e integrante del grupo de investigación Nuevo Pensamiento Administrativo, por la entrevista concedida que condujo a la aclaración de aspectos históricos y filosóficos de categorías como democracia, liberalismo y modernidad. Se dedica este escrito a la memoria de Faride Crespo Razeg (Cali, diciembre 21 de 1979 - Madrid, julio 3 de 2018).
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1 Este artículo hace parte del desarrollo académico realizado sobre el proyecto de investigación “Los bastones de mando en organizaciones indígenas de América Latina”, realizado entre profesores de la Universidad Rosario Castellanos de Ciudad de México y la Universidad del Valle en Colombia.