Conflictos
socioambientales ocasionados por el cultivo de palma aceitera: el caso de María
La Baja en Montes De María[1].
Socio-Environmental Conflicts caused Oil Palm
Farming. The Case of María La Baja in Montes De María-Colombia
Alen Castaño
Antropólogo y sociólogo. Investigador y miembro del Grupo de
Investigación Interculturalidad, Estado y
Sociedad del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali. Colombia.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2803-8839
El presente texto analiza cómo la implementación del
proyecto agroindustrial de la palma aceitera en el municipio de María La Baja,
ha generado conflictos territoriales en la región de Montes de María durante
los últimos años. Del mismo modo, se identifican dinámicas de poder y
marginalización social desarrolladas por los procesos de configuración
territorial que trae consigo este proyecto neoliberal, frente a las lógicas de
resistencia social por parte de los habitantes de María La Baja.
Palabras clave: Palma Aceitera; María La
Baja; Conflicto Socioambiental; Territorio; Montes de María.
Abstract
This
paper analyzes recent territorial clashes in the Montes de María arising out of
the implementation of the oil palm agroindustrial project in the municipality
of María La Baja-Colombia. Power dynamics and social marginalization caused by
the processes of territorial configuration that this neoliberal project brings
with it are identified, as opposed to the logics of social resistance developed
by the inhabitants of María La Baja.
Keywords: Oil Palm; María La Baja;
Environmental Conflicts; Territory; Montes de María
Tipología: Reporte de caso
Recibido: 26//07/2017
Evaluado: 23/10/2017
Aceptado: 29/11/2017
Disponible en línea: 03/05/2018
Como citar
este artículo: Castaño, A. (2018). Conflictos socioambientales ocasionados por el
cultivo de palma aceitera: el caso de María La Baja en Montes De María. Jangwa Pana, 17 (2), XX-XX.
Introducción
El presente texto tiene como
objetivo principal analizar un conflicto socioambiental a través de un estudio
de caso específico, el cual gira en torno a la instauración de la palma
aceitera como proyecto productivo a gran escala en el municipio de María La
Baja, en la región de Montes de María. De tal modo, se describirá cómo ha sido
el proceso de implementación de este modelo agroindustrial al interior de este
municipio, explorando las consecuencias económicas, sociales y territoriales
que enfrentan las comunidades que residen en este espacio geográfico; así como
las estrategias de resistencia frente a estas lógicas capitalistas por parte de
las comunidades sociales. Todo lo anterior se abordará bajo un marco
interpretativo que se enfoca en el estudio de los conflictos ambientales; lo
que permite comprender cómo han sido las condiciones estructurales que han
ayudado a la configuración de tales procesos agroindustriales en la
región.
En un primer momento se exhibirá el
marco teórico que soportará este estudio. En este caso se describirá qué se
entiende por un conflicto social de carácter ambiental, algunas nociones sobre
justicia distributiva, racismo ambiental, el metabolismo social y sus
implicaciones en el territorio; así como la concepción de racionalidad
económica y la dualidad de desnaturalización de la naturaleza/naturalización de
la mercantilización de la naturaleza.
En un segundo momento se
describirán aquellos aspectos principales que permitirán comprender la manera
como se implementó el proyecto de la palma aceitera en el territorio a
investigar. Lo anterior implicará cuestionar sobre la lógica de la palma
aceitera como elemento constitutivo del paradigma neoextractivista; luego se
abordarán las lógicas de poder que se generan a partir de una
territorialización agroindustrial en Montes de María, y finalmente se hará
énfasis sobre lo que sucede al interior del municipio en relación con la palma
aceitera.
Consideraciones teóricas frente a los conflictos socioambientales
De acuerdo con Homer-Dixon (1994),
un conflicto social de carácter ambiental comúnmente se configura en aquellas
sociedades que se caracterizan por ser pobres y marginadas, las cuales tienen
poca capacidad de amortiguarse tanto para la escasez ambiental como para las
crisis sociales. Tales condiciones contribuyen a la constitución de una
relación directa entre violencia y escasez ambiental, conflicto que se
potencializa en aquellos espacios geográficos donde reside población con
escasos recursos; lo que genera no sólo una marginación social
(crecimiento/desplazamiento de la población, acceso desigual a los recursos
naturales, desigualdad social, etc.) a través de parámetros de afectación
ecológica y ambiental (deterioro ecológico, escasez de recursos, prácticas
agrícolas no sustentables, etc.), sino también marginación a partir de la
noción de una justicia distributiva.
De acuerdo con John Rawls (1986),
la justicia distributiva hace referencia a una asignación que no necesariamente
coincide con el paradigma de un igualitarismo estricto[2] que, al desarrollar
dinámicas de desigualdad, el efecto de la justicia distributiva hace que los
menos aventajados al interior de una sociedad resulten, en términos materiales,
en una mejor situación de la que estarían si se afrontaran a una situación de
igualitarismo estricto. De este modo, se realiza una distribución de bienes y
servicios entre los miembros de la sociedad en un momento específico,
determinando la aceptabilidad de las condiciones resultantes.
A partir de lo anterior, se abordará
el término de justicia no sólo a través de la noción del reconocimiento o bajo
las lógicas de la distribución de bienes; sino a través de las dinámicas de
participación y el desarrollo de capacidades que los individuos pueden generar
al interior de la sociedad. De este modo, el término de justicia se constituye
como una herramienta básica que permite que la sociedad pueda acceder a
diversos escenarios tanto sociales, económicos, políticos y culturales que
ayuden a confrontar las múltiples lógicas de desigualdad presentes en una
sociedad (Schlosberg, 2007).
Teniendo en cuenta lo anterior, se
quiere dar dos pequeñas precisiones: la primera de ellas es que, al hablar
sobre justicia distributiva, no se cae en un reduccionismo material, sino que
se ingresa en el campo de lo simbólico y lo intangible. En este caso, lo
social, lo cultural y lo simbólico hacen parte fundamental de la noción de
distribución al interior del término de justicia; y dicha noción holística del
concepto puede hacer frente a las diferentes relaciones de dominación y
opresión que se tejen e institucionalizan en cualquier tipo de sociedad
(Schlosberg, 2007). Una segunda apreciación gira en torno a que el conflicto
ambiental dado por la justicia distributiva no puede verse únicamente bajo una
perspectiva negativa; sino que este puede tener aspectos positivos para la
sociedad. En este caso, al enfrentarse al problema de escasez, puede generarse
una concientización en la sociedad que permita el aumento de demandas o la
pugna por un cambio institucional (Homer-Dixon, 1994).
Por otra parte, según Bullard
(1995), el problema de racismo ambiental hace referencia a las condiciones
problemáticas que se relacionan directamente con las zonas donde se ubican
geográficamente sociedades marginales (etnia, color, estratos socioeconómicos,
etc.). Es decir, esta problemática se vincula directamente con un problema de
inequidad económica y ambiental, en lugares geográficos estratégicamente
seleccionados para la implementación de lógicas capitalistas. Bajo esta
perspectiva, se pone en duda la institucionalización de un medio ambiente justo
y sostenible donde existan prácticas que satisfagan las necesidades humanas sin
necesidad de sacrificar la integridad ecológica de la tierra ni atentar contra
los derechos sociales y territoriales de determinados grupos sociales.
Ligado a lo anterior, se pone
también en duda aquellas apreciaciones de la sustentabilidad económica debido a
los impactos ambientales en determinadas regiones donde se implementan acciones
capitalistas y neoliberales. En este caso, Martínez-Alier (2004) propone
considerar aquellos indicadores o índices fijos de (in)sustentabilidad que
examinan la economía en términos de un “metabolismo ambiental”. Un metabolismo
social que cada vez más consume materias primas debido a las lógicas del
crecimiento social y económico a nivel mundial; las cuales, debido a sus
lógicas de configuración y consumo, generan dinámicas desiguales en el
escenario de lo económico, lo político y lo social.
Esta noción de metabolismo
ambiental de Martínez-Alier (2004) se relaciona fuertemente con la de la
racionalidad económica de Leff (2005), la cual hace referencia al continuum del progreso
económico que, al conjugarse con las actuales dinámicas de globalización,
genera afectaciones en el mundo natural. Es decir, todo lo relacionado con
aquellas cuestiones económicas sobre lo natural, donde las externalidades del
metabolismo contemporáneo han llevado a la naturaleza hasta su límite.
Es desde esta racionalidad económica donde se están
generando lógicas de homogenización en los patrones de producción y consumo,
los cuales atentan contra la sustentabilidad a nivel tanto local como regional
y global, y se fundamentan en las prácticas de diversidad ecológica y cultural.
De este modo, la naturaleza se va convirtiendo en un “capital natural”, en
nuevas formas de valorización económica; lo que genera un paradigma
racional-económico, nuevas geopolíticas donde se desnaturaliza la naturaleza al
insertarla en discursos de (in)sustentabilidad ecológica que la convierten en
una figura mercantil para las lógicas del capital global. Bajo este marco
interpretativo de la racionalidad económica, se establecen dos procesos
diferentes, pero a la vez complementarios: la desnaturalización de la naturaleza
y la naturalización de la mercantilización de la naturaleza (Leff, 2005).
A partir de lo anterior, tanto en
Martínez-Alier (2004) como en Leff (2005) se abre un estudio sobre las dinámicas de
distribución (muy similar a las apreciaciones sobre la justicia distributiva),
donde no solo se tiene en cuenta el aspecto económico, sino también el
componente ecológico, resaltando las valoraciones y asignaciones de los
recursos naturales y servicios ambientales al interior de las sociedades,
especialmente en aquellas que están en vía de desarrollo. De este modo,
Martínez-Alier (2004) propone tener en cuenta en cualquier análisis en torno a
los conflictos distributivos ecológicos la toma de decisiones al interior de
aquellos contextos donde se presentan los conflictos socioambientales. Es
decir, analizar tanto los valores inconmensurables (cuestiones que no se pueden
medir en términos económicos) e incertidumbres irresolubles que pueden
conllevar la implementación de una economía capitalista al interior de un territorio
determinado.
Así se podrían comprender los patrones de uso de los
recursos no sólo a través de un análisis de la implementación de una economía
capitalista, sino desde las diferentes relaciones de poder y de distribución de
ingresos presentes al interior de un mismo territorio. De esta manera se puede
entender una distribución ecológica desigual, donde las relaciones de poder
pueden ser cambiantes dependiendo del fortalecimiento institucional y social.
Para concluir, se desea aclarar que todas estas
nuevas configuraciones geopolíticas que despiertan nuevas formas económicas y
ecológicas de lo ambiental y lo social, se manifiestan en el territorio donde
se van politizando los espacios en función de una revalorización donde se
habita (Leff, 2005). Un ejemplo de un territorio politizado que se ha
conformado como un espacio geopolítico importante es el municipio de María La
Baja en la región de Montes de María. Un municipio que durante las últimas
décadas está luchando contra la propagación de grandes extensiones de palma
aceitera en su territorio.
La palma
aceitera: eslabón constitutivo de una cadena neoextractivista
Desde hace algunas décadas, el paradigma
neoextractivista en América Latina se ha caracterizado por interdependencias
entre procesos de transformación tanto nacional como global. Al interior de
este paradigma se podrían insertar las dinámicas agroindustriales que giran en
torno a la demanda global por materias primas y agrícolas, y que están sujetas
a la configuración de precios en el mercado global.
La producción de agrocombustibles en América Latina
ha aumentado a partir de la implementación de grandes producciones de
monocultivos de caña de azúcar, soya y palmas aceiteras. Este modelo trae
consigo la transformación del territorio históricamente construido en las
regiones, en espacios socio-productivos que dependen no sólo del mercado
internacional, sino de las políticas nacionales y de la volatilidad de los precios.
Gudynas (2009) argumenta que el modelo de desarrollo
neoextractivista ha tenido impactos importantes sobre el territorio en aquellas
zonas que han permanecido en situaciones de marginalidad en relación al avance
del capital; logrando imponer, al mismo tiempo, una nueva geografía a partir de
prácticas extractivistas o la producción agroindustrial. Este es el caso del
municipio de María La Baja, en la región de Montes de María. Una región que en
las últimas décadas ha estado en una situación de vulnerabilidad económica,
política y social, debido a condiciones estructurales como la violencia, la
pobreza y la ausencia estatal.
El aceite de la palma se produce principalmente en
grandes monocultivos, y su ciclo de vida gira en torno a los 25 a 30 años. Es
decir, su implementación está vinculada a la transformación del territorio a
largo plazo, donde se configuran nuevas lógicas sobre el control y uso de la
tierra a partir de la institucionalización de los derechos de la propiedad
privada (Peluso y Lund, 2011).
A partir de la implementación de actividades
agroindustriales, en este caso la palma aceitera, se crean nuevas lógicas de la
naturaleza que se configuran en función de una valorización capitalista y de
nuevas localidades que, a su vez, alteran y generan nuevas representaciones y
estructuras territoriales. De este modo, dichas prácticas en un territorio se
podrían catalogar como un conflicto ambiental o como un conflicto sobre el uso
de la tierra a partir de lo descrito por Bebbington (2007) ya que estos:
Son también conflictos sobre
la producción del territorio; sobre qué tipo de relación entre sociedad y
ambiente debería predominar en un territorio; sobre cómo estos territorios
deberían ser gobernados y por quiénes; sobre el significado que estos espacios
deberían tener; y sobre los tipos de lazos que estos territorios deberían tener
con otros (Bebbington, 2007, p. 33).
Poder y
territorialización agroindustrial en Montes de María
Ubicada al interior de una de las 6 grandes regiones
que componen la geografía colombiana (el Caribe), los Montes de María están
compuestos por 15 municipios pertenecientes a 2 departamentos diferentes. En el
departamento de Bolívar se encuentran los municipios de Córdoba, El Carmen de
Bolívar, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano; mientras
que los municipios de Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio
de Palmito, San Onofre, Tolúviejo y Corozal se ubican en el departamento de
Sucre[3].
396.000 hectáreas (3.960 kms2) es el área total de los municipios
correspondientes al departamento de Bolívar, mientras que 284.800 hectáreas
(2.848 kms2) hacen parte de los municipios de Sucre (Rodríguez,
2016). Con lo anterior, el área geográfica total que comprende este territorio
es de 680.800 has (6.808 kms2).
Esta región estuvo marcada por las dinámicas de
violencia que se configuraron en su interior. La presencia de múltiples actores
armados al margen de la ley generó grandes olas de desplazamiento forzado,
debido a los ataques y masacres a la población. A partir de lo anterior, se
fueron desarrollando dinámicas de abandono y despojo de tierras en la región;
en los municipios de Montes de María que corresponden al departamento de Sucre
se identificaron 4.172 has en Ovejas y 3.018 has en San Onofre, con un total de
7.190 has; mientras que en los municipios correspondientes a Bolívar se
abandonaron 71.862 has, donde se destacan los municipios de El Carmen de
Bolívar con 54.312 has, San Jacinto con 4.758 has, Zambrano con 3.713 has y San
Juan Nepomuceno con 2.683 has (Reyes, 2009).
En referencia al municipio de María La Baja, se
deben resaltar las grandes violaciones a los derechos humanos que hubo durante
los últimos años. Este municipio es sociodemográficamente afrodescendiente,
donde más del 90% de la población se autodenomina como población negra. De
acuerdo con Victorino (2011), para el 2010, después de la etapa de
consolidación del paramilitarismo, se registraron 17.680 personas desplazadas
al interior de este municipio; un número significativo al tener en cuenta que
María La Baja contaba para ese entonces con un poco más de 45.000 habitantes.
A raíz de este fuerte proceso de desplazamiento
forzado, se observan impactos considerables en el uso y acceso de tierras
rurales en el municipio de María La Baja. De acuerdo con el Registro Único de
Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), en este municipio fueron abandonadas
21.785 has de las 54.700 has que tiene. Tal dinámica de abandono de tierras
permitió la legalización y normalización de despojo territorial a partir de
procedimientos administrativos y judiciales. Esto incidió en la concentración
de tierras justamente en la época cuando se evidencia mayor desplazamiento y
abandono de tierras por parte de la población campesina del municipio.
Asimismo, se evidencia una relación entre las
compras masivas de tierras y la época de la violencia en la región. Tierras que
actualmente se dedican a la instauración de proyectos agroindustriales, como es
el caso de la compra por parte de la “Corporación Amigos de los Montes de
María”, una agrupación de empresarios antioqueños que ha comprado
aproximadamente más de 60.000 has durante los últimos años (León, 2009).
Compras de tierras que, a pesar de haber sido hechas bajo un contexto de
desplazamiento y violencia sistemática, gozan de una figura aparentemente legal
inscritas mediante procedimientos definidos por autoridades públicas.
La palma en
María La Baja
De acuerdo con la CEPAL (2007), las grandes
extensiones de tierra destinadas a la producción de cultivos energéticos
generan cambios significativos tanto en la estructura productiva agrícola, como en la concentración de la producción, la
tenencia de la tierra, la configuración social e institucional a partir de la
aparición de nuevos actores y poderes. Los anteriores procesos de
transformación territorial en los medios de producción y en la estructura
económica rural, se evidencian en la incursión de la palma aceitera en al
municipio de María La Baja.
De acuerdo con Fedepalma (2011), para inicios de la
segunda década del presente milenio, en las áreas rurales de Colombia existían
aproximadamente unas 427.368 has. Cultivadas de palma de aceite. De este monto,
124.340 hectáreas se registraban en la zona norte del país, representando el
29,1% del total sembrado de palmas a nivel nacional (Páez-Redondo, Blanco-Muñoz
y Ospino-Castro, 2013).
La palma aceitera llega al territorio montemariano
en 1998, cuando los distritos de riego de la región se enfrentaban a una
profunda crisis resumida en un descenso en la producción del arroz y plátano,
lo que generó una bancarrota generalizada por la subutilización de los suelos y
el endeudamiento tras un largo periodo de cultivos fallidos (Aguilera, 2013).
Para aquel entontes, en María La Baja se insertó la palma aceitera a través de
la Hacienda Las Flores [4],
donde se acordó la implementación de un plan piloto para sembrar, en asociación
con los campesinos, 100 hectáreas de palma (Rivera, 2011).
Durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe
Vélez (2002-2006 y 2006-2010), se evidenció un fuerte apoyo a este proyecto
agroindustrial a través de los Planes Nacionales de Desarrollo (en materia
rural y agrícola), donde se incentivó la siembra de cultivos para producir
combustibles de origen vegetal, privilegiando la caña de azúcar y la palma de
caite para el biodisel (INDEPAZ, 2013). Lo anterior se puede evidenciar en la
extensión dedicada a la producción de palma de aceite en María La Baja entre el
2001 y el 2012, cuando se identifica un aumento del 1.358%, pasando de un total
de 570 hectáreas en el 2001 a 8.310 hectáreas en el 2012 (Secretaría de
Agricultura, 2012).
De este modo, entre el 1998 y el 2015 se consolidó
la industria palmera en María La Baja a través de las llamadas alianzas productivas. De esta manera se fundamenta
la expansión empresarial del cultivo de la palma aceitera a través de la
integración de la economía campesina al desarrollo industrial. En este caso,
los agricultores regionales disponían de la tierra y la mano de obra, y el
empresariado respaldaba la financiación del proyecto (Ávila, 2015).
Según INDEPAZ (2013), en el 2009 el 30% de las
plantaciones de palma en María La Baja se encontraban bajo la figura de alianzas productivas. Tal figura
permitió la configuración de una concentración de la tierra y de relaciones
asimétricas entre los propietarios de la tierra y los empresarios. Según este
informe, el área sembrada de los pequeños productores ha disminuido en un 40%,
en relación con el área de los medianos productores, que ha reducido en un 80%;
mientras que para los grandes productores se ha incrementado en un 98%.
Es así como se puede evidenciar un cambio en la
tenencia y uso del suelo en María La Baja. Un territorio en donde, antes de la
incursión de la palma de aceite, el 59,7% de los predios se dedicaban a la
producción de cultivos agrícolas, mientras que el 38,7% se utilizaba para
actividades ganaderas y un 1,6% para producción/conservación de bosques y
rastrojos. De este modo, entre el 2001 y el 2012, se estima la sustitución de
aproximadamente 4.961 hectáreas de cultivos agrícolas que fueron destinadas a
la producción de palma de aceite en este municipio (Herrera y Cumplido, 2015).
Configuración
de dinámicas de resistencia
En el territorio se han configurado unas lógicas de
resistencia frente a las dinámicas de despojo y acaparamiento de tierras por
parte de la industria palmicultora en María La Baja. La comunidad de San José
del Playón, la cual está articulada a la Mesa de Interlocución y Concertación
de los Montes de María, entra en un proyecto de debate y construcción de nuevas
formas de desarrollo rural desde las bases campesinas, apostándole al
fortalecimiento de la agricultura familiar, la producción diversificada de
alimentos y la implementación de sistemas agroecológicos (Ávila, 2015).
Es importante tener en cuenta las diferentes figuras
de protección y ordenamiento territorial que se quieren establecer en Montes de
María por parte de las comunidades étnico-rurales, y que servirían como
estrategias de control y resistencia a la apertura de la frontera agrícola para
la implementación de grandes cultivos de palma aceitera en la región. Lo
anterior hace referencia a los títulos colectivos para las comunidades negras
(dos títulos colectivos en el municipio de San Jacinto liderados por el Consejo
Comunitario de Paraíso y el consejo Comunitario de San Cristóbal) y las zonas
de reserva campesina para los campesinos (dos polígonos geográficos que abarcan
la mayoría del territorio de la región) que se han querido implementar en las
áreas rurales de Montes de María durante los últimos años.
El Decreto 1745 de 1995 le brinda a las comunidades
afrodescendientes en Colombia, acceder a territorios específicos que deben
contar con: una ocupación ancestral de tales tierras, tener una historia común
de poblamiento, que la población afrodescendiente esté residiendo en baldíos
nacionales o reservados por el Estado, ya sea en propiedad pública con o sin
derechos de uso y disfrute colectivo; que tengan tierras de propiedad
particular u otras formas de propiedad, que exista un autorreconocimeinto como
comunidad negra y que esté liderado bajo el proceso organizativo de un consejo
comunitario.
Por su parte, la Ley 160 de 1994 en el Artículo 80
presenta a las Zonas de Reserva Campesina como una figura “para el ordenamiento
territorial, social y cultural de la propiedad, para la estabilización y
consolidación de la economía campesina”. Del mismo modo, el Artículo 1 del
Decreto 1777 de 1996 asegura que los ámbitos de aplicación de esta figura son
“áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas
requieran regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad de los predios
rurales”.
Dadas las características jurídicas y normativas
para su aplicabilidad en el territorio, tanto los títulos colectivos como la
zona de reserva campesina que se quieren establecer en Montes de María, podrían
incidir en las lógicas territoriales y geográficas de la región ya que, al
considerarse como figuras de conservación territorial, ecológica, social y cultural,
le harían frente a la expansión del cultivo de palma aceitera.
Discusiones
finales
A partir de lo anteriormente descrito, se podría
considerar que el proyecto de implementación a gran escala de la palma aceitera
en el municipio de María La Baja, en la región de Montes de María, es un claro
reflejo de un conflicto social con carácter ambiental. Se argumenta lo anterior
porque se evidencia una potencialización de tales conflictos en espacios
geográficos donde reside población con escasos recursos y que, al mismo tiempo,
generan dinámicas de marginación social a través de lógicas de afectación
ecológica y ambiental (Homer-Dixon, 1994).
En este caso se observa un claro ejemplo de una
desigual distribución ambiental (Schlosberg,
2007) no sólo en términos de adquisición y acaparamiento del bien material, que
en este caso se expresa bajo las lógicas de la tierra; sino que también se ve
afectada toda la estructura social y agrícola que históricamente se ha
construido en el territorio. Por lo tanto, se están viendo afectada todas las
prácticas sociales de soberanía y cultura agrícola de las comunidades de este
municipio, al ser fragmentadas por la implementación de este modelo neoliberal
de la palma aceitera.
A partir de lo anterior, se pueden
catalogar las prácticas neoextractivistas de la palma aceitera en el territorio
como resultado de un “metabolismo ambiental”, el cual depende de las lógicas de
consumo dadas por las dinámicas sociales y económicas a nivel mundial
(Martínez-Alier, 2004). Dicho “metabolismo ambiental” genera prácticas de
homogenización en los patrones de producción y consumo, atentando contra las
lógicas de sustentabilidad en la región, como es el caso de la vulnerabilidad
existente en el escenario de la soberanía alimentaria de la región; ya que han
disminuido los sembradíos y productos para el pancoger y para poder realizar
intercambios alimenticios.
De este modo, el territorio de
María La Baja paulatinamente se ha ido convirtiendo en un “capital natural”,
donde la tierra se ha configurado como un elemento de valor meramente
económico, donde se expresa una nueva racionalidad económica y geopolítica que
desnaturaliza la naturaleza para poder insertarla a las lógicas del capital
global (Leff, 2005). Es decir, está primando en este municipio una
mercantilización de la naturaleza al implementar de una manera voraz, la
siembra indiscriminada de la palma aceitera, sin tener en cuenta las
consecuencias no sólo ambientales en el territorio, sino las sociales y
culturales.
Del mismo modo, también se
evidencia en el caso de la palma aceitera en el municipio de María La Baja un
claro proceso de racismo ambiental (Bullard, 1995); ya que se identifican
problemáticas de acaparamiento y despojo territorial a través de dinámicas de
la violencia para el acaparamiento de tierras y la implementación de proyectos
neoextractivistas, no sólo en zonas rurales de Colombia donde históricamente se
ha caracterizado por la ausencia del Estado; sino porque también se observa que
tales proyectos se implementan en territorios donde residen comunidades
étnicas, en este caso, poblaciones afrodescendientes.
A pesar de que esta población es
una minoría étnica y que históricamente se ha caracterizado por estar en
condiciones de marginalidad social, política y económica por parte del Estado
nacional colombiano, se observa un despertar y una concientización por parte de
estas comunidades en torno a las afectaciones de la palma aceitera en el
territorio (Homer-Dixon, 1994). Ejemplo de ello son los procesos organizativos
conformados para hacerle frente a la expansión de la frontera agrícola para la
siembra de más cultivos de palma del municipio. Es decir, se puede resaltar
este aspecto positivo en torno a un conflicto ambiental dado por dinámicas de
(in)justicia distributiva.
Ávila, N. (2015). Palma aceitera: conflicto y
resistencias territoriales en María La Baja – Bolívar, Colombia. Eutopia, 8, 114 – 124.
Aguilera, M. (2013). Montes de María. Una subregión
de economía campesina y empresarial. Documentos de trabajo sobre economía
regional. (195). Recuperado de:
http://www.banrep.gov.co /sites/default/files/publicaciones /archivos /dtser_195.pdf
Bebbington, A. (2007). Elementos para una ecología
política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas
mineras. En A. Bebbington (Ed.), Minería,
movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de
transformaciones territoriales (pp. 23-46). Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos, Centro Peruano de
Estudios Sociales.
Bullard, R. (1995). Anatomy of environmental Racism
and the environment justice. En R. Bullard and C. Benjamin. (Ed.), Confronting Environmental racism. Voices from the grassroots (pp. 195-206).
Cambridge, Reino Unido: South End press.
CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (2007). Biocombustibles y su impacto potencial en la estructura agraria,
precios y empleo en América Latina. Unidad de Desarrollo Agrícola. Serie
Desarrollo Productivo (178). Recuperado de: http://repositorio. cepal.org/handle /11362/4573
Congreso de Colombia
(Agosto 5 de 1994). Ley 160 de 1994. Por el cual se crea el Sistema Nacional de
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la
adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de Reforma Agraria y
se dictan otras disposiciones. DO: 41479.
FEDEPALMA. (2011). Anuario estadístico 2010.
Fedepalma, Bogotá, 46 – 50.
Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el
nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano
actual. Extractivismo, política y
sociedad (pp. 187-225). Quito,
Ecuador: CAAP, CLAES.
Herrera, G. y Cumplido, V. (2015). Implicaciones de la palma de aceite en la
estructura productiva agrícola y la seguridad alimentaria del municipio de
María La Baja – Bolívar. Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena,
Colombia.
Homer-Dixon, T. (1994). Environmental scarcities and
violent conflict. International Security,
19 (1), 5-40.
INDEPAZ - Instituto de Estudios para el Desarrollo y
la Paz (2013). Documento de línea de base agroindustrial de la palma aceitera –
María La Baja (Bolívar). Recuperado de http://www.verdadabierta.com /documentos/ negocios-ilegales /tierras /1240-analisis -de-indepaz- sobre-la -agroindustria-de -la-palma- aceitera-2013
León, J. (2009). Las tierras de la posguerra: los
nuevos dueños de los Montes de María. Recuperado de http://lasillavacia.com /historia/5346.
Leff, E. (2005). La Geopolítica de la Biodiversidad
y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y
reapropiación social de la naturaleza. En: Semináro
Internacional REG GEN: Alternativas Globalização, Brasil: UNESCO, Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado de: http://bibliotecavirtual. clacso.org.ar/ar /libros /reggen/pp12.pdf
Martínez-Alier, J. (2004). El Ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de
valoración. Barcelona, España: Icaria.
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (Octubre 4 de 1996). Decreto 1777 de 1996. Por el cual se
reglamenta parcialmente el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a
las zonas de reserva campesina. DOI: 42.892
Ministerio del Interior
(Octubre 13 de 1995). Decreto 1745 de 1995. Por el cual se reglamenta el
Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el
reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las “Tierras de las
Comunidades Negras” y se dictan otras disposiciones.. DO: 42049.
Páez-Redondo, A. Blanco-Muñoz, X. y Ospino-Castro,
R. (2013). Caracterización de síntomas del secamiento foliar progresivo, una
nueva enfermedad de la palma de aceite, en el departamento del Magdalena. Intropica, 8, 9–16.
Peluso,
N. L. y Lund, C. (2011). New Frontiers of Land Control: Introduction. Journal of Peasant Studies, 38 (4),
667-681.
Rawls, J. (1986). Justicia Distributiva. Revista Estudios Públicos, 24, 53-98.
Reyes, A. (2009). Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia. Bogotá,
Colombia: Editorial Norma.
Rivera, D. (2011). Palma aceitera y la seguridad
alimentaria en María La Baja, Montes de María. Observatorio de la Economía Latinoamericana. (157). Recuperado de http://www.eumed.net /cursecon/ecolat/co /11/dmr.html
Rodríguez, T. (2016). Caracterización de los
conflictos territoriales en la región de Montes de María. En C. Duarte (Ed.), Desencuentros Territoriales Tomo II.
Caracterización de los conflictos en las regiones de la Altillanura, Putumayo y
Montes de María (pp. 275-344) Bogotá:
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.
Secretaría de Agricultura. (2012). Evaluaciones Agropecuarias
Departamentales. Secretaría Departamental de Agricultura y Desarrollo Rural.
Schlosberg, D. (2007) Defining environmental justice: theories, movements and nature. New
York, Eatados Unidos: Oxford University Press.
Victorino, R. (2011). Transformaciones territoriales a partir del abandono y despojo de
tierras asociado a la acción de grupos armados. Caso de María La Baja,
departamento de Bolívar. Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
[1]
El presente escrito hizo parte de una investigación realizada en el año 2016,
para aprobar un curso sobre Conflictos Socioambientales en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO (Ecuador).
[2] El principio del igualitarismo estricto tiene como base general la
asignación de igual cantidad de bienes materiales a cada uno de los miembros
que hacen parte de una determinada sociedad.
[3]
Existen múltiples concepciones territoriales sobre cuáles son los municipios
que conforman la región de Montes de María. Para este estudio, se escogieron
los municipios que en términos generales coinciden con estas concepciones y, a
su vez, son aquellos donde se pretende aplicar las figuras de ordenamiento
étnico-rural de interés para esta investigación.
[4]
Propiedad del ex ministro de agricultura y ex presidente de Fedepalma, Carlos
Murgas Guerrero.